El Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de San Fernando declaró de manera unánime culpable a Eduardo Macaya Zentilli de dos casos de abuso sexual reiterado contra menores de edad en la comuna de Placilla.

El veredicto se leyó en forma reservada, al igual que el juicio que comenzó el 13 de junio, con el fin de proteger a las víctimas.

La Fiscalía de Alta Complejidad de O’Higgins, que solicita una pena de 12 años de prisión, originalmente lo había acusado de cuatro hechos de abuso sexual reiterado en Placilla.

La jueza Marisol López explicó que se decidió absolverlo en dos casos: un delito “supuestamente cometido en contra de una de las víctimas en fecha indeterminada, cuando ella tenía 8 años”, y otro reportado por “una de las víctimas en fecha indeterminada, entre los meses de junio y julio de 2022, cuando tenía 7 u 8 años”.

A finales del mes pasado, el proceso continuó con solo dos magistrados debido a problemas médicos de una jueza, pero al tratarse de un fallo unánime, se descarta la posibilidad de nulidad.

Su hijo, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, testificó durante el proceso, pero no asistió a la audiencia de este miércoles, a la cual Eduardo Macaya llegó acompañado de su abogado.

El abogado Mauricio Daza, experto en Derecho Penal y Procesal Penal, señaló en Radio Cooperativa que “el problema grave en este tipo de casos, sobre todo cuando se trata de delitos de connotación sexual en contra de menores de edad, es que finalmente, cada vez que se tienen que enfrentar a un procedimiento donde se analizan los hechos imputados, obviamente existe una revictimización por parte de las personas afectadas, y esto genera un mayor daño, aún a las personas que son señaladas como víctimas”.

El jurista sugirió que “si se repite el juicio, cada una de las partes que participaron en el juicio anulado ya saben cuál es la prueba que presentó el otro. Habrá que ver si esta circunstancia bastante singular va a tener finalmente algún efecto en el veredicto”.

A fines de diciembre de 2023, el abogado Juan Carlos Manríquez, representante de Macaya, recurrió al Tribunal Constitucional con un recurso de inaplicabilidad para evitar la cárcel si es condenado por abuso sexual, aunque la instancia rechazó el libelo.

POLÉMICA FIANZA Y UN PROYECTO QUE BUSCA IMPEDIR QUE VUELVA A OCURRIR

Otro hecho controvertido en el caso fue que el acusado obtuviera la libertad previo pago de una fianza de 150 millones de pesos.

Ante esta situación, diputadas oficialistas presentaron en enero pasado un proyecto denominado “Ley Macaya” para evitar que acusados por delitos sexuales contra menores obtengan la libertad.

“Independiente del poder económico o de facto que pueda tener el imputado, (la iniciativa busca que) no pueda cambiar su prisión preventiva pagando una fianza, como fue en este caso, de 150 millones de pesos ni ninguna cifra”, afirmó la diputada Marcela Riquelme (Frente Amplio), impulsora del proyecto.

La parlamentaria destacó que “la indemnidad sexual de los niños, niñas y adolescentes está primero, por sobre cualquier otro principio penal; por lo tanto, hemos presentado este proyecto de ley hace meses y estamos esperando su pronta tramitación en el Congreso. Llamamos a las demás fuerzas políticas a sumarse a esto, porque la protección de los niños, niñas y adolescentes es esencial y es básico”.