Cerca de 30 exmandatarios iberoamericanos pidieron este viernes a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) “la captura y detención inmediata” del presidente venezolano, Nicolás Maduro, de su número dos Diosdado Cabello y de toda la cadena de mando del país.
El expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, dijo a EFE que “por primera vez, 31 expresidentes, exjefes de Estado de América Latina y España, firman un documento (…) pidiendo la captura y detención inmediata de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y toda la cadena de mando en Venezuela”. En nombre de los firmantes, Pastrana presentó un informe jurídico de seis páginas a la Fiscalía de la Corte, recogió Cooperativa.
Entre los firmantes también están el chileno Eduardo Frei Ruiz-Tagle; los españoles Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy; los colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque; el argentino Mauricio Macri; el mexicano Vicente Fox o el boliviano Carlos Mesa.
Los exmandatarios, que forman parte de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática, en la que también figuran Ricardo Lagos Escogar y Sebastián Piñera), denunciaron en su informe jurídico “violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos”, incluidos “los crímenes de lesa humanidad”, del régimen de Maduro, al que acusan de “terrorismo de Estado”.
Esta denuncia, que se hace extensiva a los miembros del Ejército venezolano por ser el soporte fundamental del régimen de Maduro, se suma a la causa abierta contra Venezuela en la CPI en 2021.
En noviembre de ese año, la fiscalía de la CPI abrió una investigación formal contra Venezuela después de haber examinado las denuncias de Perú, Argentina, Canadá, Colombia, Chile y Paraguay, asegurando que en el país se habían cometido crímenes de lesa humanidad desde el 12 de febrero de 2014.
Por ahora, la investigación se lleva a cabo contra Venezuela y no contra ningún alto cargo del país latinoamericano.
El “núcleo” del informe jurídico presentado por los exlíderes iberoamericanos se centra en la existencia de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que se sancionó el 29 de enero del 2020, que nombra a Maduro comandante en jefe, de tal forma que desde entonces es la máxima autoridad jerárquica del Ejército, según contempla la ley.
“Es importante porque, de acuerdo con ese documento, Venezuela deja de ser un Estado civilista para convertirse en un Estado militar”, señaló Pastrana, y Maduro, en sus funciones de comandante supremo, es “directamente responsable de lo que está sucediendo a través de la cadena de mando operacional”, así como los demás cargos, ya que “la diligencia debida hoy ya no es una excusa para que te eximan las investigaciones”.
