Samuel Fernández Illanes, abogado y académico Universidad Central.
Los continuos levantamientos de poblaciones carcelarias en Ecuador, y la acción de las organizaciones criminales, han mostrado su poder los últimos días. Una situación que ha hecho crisis y puesto a prueba la institucionalidad, como nunca antes. Son variadas las causas acumuladas por años, y que han derivado en una demostración de fuerza insurreccional enorme, en Quito, otras ciudades, y particularmente en el puerto de Guayaquil.
El gobierno de hace dos meses del presidente Daniel Noboa declaró el estado de conflicto armado interno y de excepción, lo que permite el despliegue militar coordinado, en apoyo a la policía, superada por los hechos de violencia, saqueos, bombas y rehenes, con un número de víctimas fatales que podría aumentar.
El propio gobierno ha identificado, al menos veinte grupos delictuales operando, especialmente en el contrabando, distribución y exportación de drogas a terceros países, lo que unido a otras operaciones transnacionales, justifica el estado de conflicto interno, y reforzar el control fronterizo, así como obtener ayuda internacional. Estados Unidos y otros latinoamericanos la han ofrecido. Un problema muy grave que adquiere una dimensión mucho más amplia, y capaz de amenazar la seguridad e institucionalidad regional, repitiendo lo ocurrido por décadas en Colombia, El Salvador, y que persiste en México, y da señales de extenderse a otros, o establecer nuevas bases operativas si debieran abandonar Ecuador. Chile no está exento, pues los índices de criminalidad y violencia, aumentan, y el control fronterizo de ilegales, no alcanza a detenerlos.
Lo ocurrido en Ecuador preocupa sobremanera, no sólo para el gobierno que debe restablecer la ley, para su seguridad interna, sino para impedir verse sometido a las bandas criminales, operando desde las cárceles, con sus cabecillas fugados cuando quieren, pues buscan impedir sus traslados a otros presidios, o lo que más temen, ser extraditados a Estados Unidos. Ello habría originado la crisis, organizada simultáneamente, y con el impacto publicitario amenazador, de interrumpir un programa televisivo en Guayaquil, el puerto más importante, de donde parte la droga a sus lugares de consumo, con ganancias incalculables. Puede servir de modelo para otras asociaciones criminales, al operar coordinadamente, imponerse por las armas y el número de integrantes, y lo que es su recurso más utilizado, corromper todo impedimento. Los pagos logran superar los escasos salarios policiales, de funcionarios, jueces, y autoridades codiciosas, y tantos más.
El caso no es solamente policial, y tiene raíces profundas, amparado en la pobreza, falta de oportunidades, años de desidia gubernativa e impunidad. Precisamente Noboa fue elegido para ponerle fin. Ha llegado la hora en que deberá demostrarlo, aunque el precio puede ser muy alto, en vidas, daños a su economía formal e informal, infraestructura, y todo tipo de comunicaciones indispensables en un país cuya geografía es desafiante. Todavía tiene poblaciones aisladas y atrasadas. Seguramente cuenta con el apoyo de la ciudadanía, por sobre intereses políticos y una corrupción extendida. Pero no tiene muchas alternativas, o se impone o quedará condicionado al crimen organizado. Requerirá del apoyo internacional necesario, o seguirán los asesinatos selectivos intimidantes, que pueden expandirse, peligrosamente, a muchos países. Un verdadero desafío regional, y un desprestigio que debe revertirse.
Samuel Fernández Illanes, abogado y académico Universidad Central.
