El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, abordó la decisión del Tribunal Ambiental de Antofagasta que dio luz verde al proyecto minero Dominga y obligó al Comité de Ministros a pronunciarse nuevamente sobre la viabilidad ambiental de esta iniciativa antes del 31 de diciembre.

Riesco destacó en Radio Pauta que “el Comité de Ministros debiera pronunciarse nuevamente, pero esta vez sin incurrir en ninguna de las deficiencias o incorrecciones que la sentencia señala que cometió cuando se pronunció antes”.

Dicho lo anterior, enfatizó que “el Comité de Ministros tiene que sujetarse a la ley y al mérito del proceso de evaluación que tuvo el proyecto y eso es lo que no pasó en la situación anterior. Si uno lee la sentencia con detenimiento, hay una multiplicidad de efectos que imputan al Comité y que hicieron que la decisión que tomaron fuera anulable”.

En cuanto a la postura del ministro de Economía, Nicolás Grau, quien en diálogo con Radio Infinita señaló que se debería eliminar el Comité de Ministros, el presidente de Sonami dijo estar “de acuerdo con que si no se entiende bien esa estructura, busquemos otra que pueda constituir un mecanismo eficiente de revisión”

“Aquí lo que ocurre no solo es que la estructura esté en entredicho, sino la actuación que han tenido los ministros y otras autoridades que han formado parte del Comité para dictar sentencias que no son conformes al procedimiento de evaluación y a la ley”, argumentó Riesco.

En ese contexto, el presidente de Sonami aseguró que “no cabe duda de que aquí hay otros factores que están incidiendo más allá de lo técnico, porque en lo técnico la verdad es que el Comité de Ministros no tiene otra alternativa que aprobar”.

En esa línea, hizo hincapié en que “de una vez tenemos que exigir a la autoridad que se someta a lo que la justicia ha determinado y no entrar en este loop interminable”.

Consultado por el resto de los proyectos de inversión que todavía están en carpeta, cuestionó que “si sabemos que vamos a aprobar el 95%, por qué no lo hacemos en un plazo razonable y no en los seis, ocho, hasta diez años que puede durar un proceso”.

“Estamos perdiendo una oportunidad enorme”, subrayó el líder gremial.