En manos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte quedó la indagatoria que se realiza en contra del director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, por la comisión de presuntas irregularidades.
Estas se refieren a distracción o uso indebido de fondos públicos, fraude al fisco, faltar a la verdad en declaraciones juradas ante la autoridad y prevaricación administrativa.
La acusación realizada por un exfuncionario de la policía civil y dada a conocer por T13, en primera instancia tuvo como motivo cuatro días de arresto con los que fue sancionada la máxima autoridad de la institución en 1980, que no aparecen en su hoja de vida, y luego derivó en dichos presuntos ilícitos con recursos públicos.
En este punto a Espinosa se le acusa de que una vez asumido el cargo de director general de la PDI, la Contraloría detectó la compra de un vehículo de marca de $60 millones que se encarga al extranjero para su uso y también la adquisición de 20 camionetas.
Ambas compras no fueron justificadas ante el organismo fiscalizador de las instituciones públicas con argumentos técnicos o de seguridad.
Junto con esa situación, habría otra práctica que Espinosa habría cometido sería en materia de gastos asociados a viajes institucionales hasta por $6 millones en pasajes y viáticos, ya que según documentos aportados sus estadías suelen extenderse por más días que los estipulados con el viático de rigor y que haría cambios en los pasajes ya adquiridos, como se constató en otra indagatoria que afecta al Ejército.
Desde el Gobierno conformaron que “existe una querella presentada a propósito de la denuncia. Esa querella fue presentada al Ministerio Público, que está liderando una investigación. Por lo tanto, lo que corresponde es esperar el resultado de la misma y no entorpecerla de ninguna manera”, señaló la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.
Asimismo, dijo que Espinosa sigue trabajando normalmente y que el caso en lo interno se lleva con un sumario administrativo.
Estas se refieren a distracción o uso indebido de fondos públicos, fraude al fisco, faltar a la verdad en declaraciones juradas ante la autoridad y prevaricación administrativa.
La acusación realizada por un exfuncionario de la policía civil y dada a conocer por T13, en primera instancia tuvo como motivo cuatro días de arresto con los que fue sancionada la máxima autoridad de la institución en 1980, que no aparecen en su hoja de vida, y luego derivó en dichos presuntos ilícitos con recursos públicos.
En este punto a Espinosa se le acusa de que una vez asumido el cargo de director general de la PDI, la Contraloría detectó la compra de un vehículo de marca de $60 millones que se encarga al extranjero para su uso y también la adquisición de 20 camionetas.
Ambas compras no fueron justificadas ante el organismo fiscalizador de las instituciones públicas con argumentos técnicos o de seguridad.
Junto con esa situación, habría otra práctica que Espinosa habría cometido sería en materia de gastos asociados a viajes institucionales hasta por $6 millones en pasajes y viáticos, ya que según documentos aportados sus estadías suelen extenderse por más días que los estipulados con el viático de rigor y que haría cambios en los pasajes ya adquiridos, como se constató en otra indagatoria que afecta al Ejército.
Desde el Gobierno conformaron que “existe una querella presentada a propósito de la denuncia. Esa querella fue presentada al Ministerio Público, que está liderando una investigación. Por lo tanto, lo que corresponde es esperar el resultado de la misma y no entorpecerla de ninguna manera”, señaló la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell.
Asimismo, dijo que Espinosa sigue trabajando normalmente y que el caso en lo interno se lleva con un sumario administrativo.
