Los diputados del Partido Socialista (PS), Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, concurrieron este jueves a la Superintendencia de Educación Superior para solicitar a su titular, José Miguel Salazar, iniciar una investigación administrativa a la Universidad San Sebastián (USS) en razón de los últimos antecedentes.

A la revelación hecha por El Mostrador en cuanto al sueldo de $17 millones bruto de la candidata a la alcaldía de Las Condes, Marcela Cubillos, se suma que varios de los expersoneros del gobierno de Sebastián Piñera y otras personalidades estaban vinculados a esa casa de estudios, entre los ellos Andrés Chadwick, Felipe Ward y el exfiscal Manuel Guerra.

La Superintendencia de Educación Superior anunció el martes que había oficiado a la universidad por el millonario sueldo de Cubillos, solicitando que la USS “ponga a su disposición los antecedentes de respaldo en un plazo máximo de cinco días hábiles”, pero ahora los diputados creen que es necesario ir más allá.

“Lo que le hemos solicitado al superintendente es que, a propósito de los antecedentes que le han solicitado, se abra una investigación, no solo en el caso de Cubillos, sino en toda la Universidad de San Sebastián”, confirmó Manouchehri.

En su opinión, “podríamos estar en presencia de faltas significativas a la ley, en donde pudiesen existir contratos simulados y pudiese existir un lucro encubierto”.

El legislador dijo que la Superintendencia está a la espera de los antecedentes respecto del que solicitaron a la USS “y en base a eso, se va a ver si se abre o no una investigación”.

“La USS se había transformado en la verdadera guarida de todos los miembros de la red del señor Hermosilla (Caso Audios). Acá el señor (Andrés) Chadwick estaba construyendo una verdadera red de operaciones políticas dentro de esta universidad”, afirmó.

“La misma diputada (Ximena) Ossandón (RN) dijo que todos los que andaban dando vuelta por ahí parecía que terminaban en la Universidad de San Sebastián. Nosotros creemos que se debe investigar”, insistió.

También pretenden saber si hay parlamentarios, autoridades o exautoridades que mantengan contratos con la Universidad de San Sebastián, “porque aquí pareciera que más que un plantel educativo se estaba configurando una red de poder en su interior”.

“Acá puede haber lucro encubierto, puede haber contratos simulados…lo que nos debe interesar también es velar porque los estudiantes de la Universidad San Sebastián puedan tener un buen aprendizaje y que los recursos públicos terminen justamente en los estudiantes y no para el pago de favores políticos”, dijo por su parte la diputada Cicardini.

La Superintendencia, recordó, “tiene como atribución ser reguladores de las universidades y que puedan cumplir la ley, en este caso la ley de educación superior”.

“Si bien se trata de una universidad de derecho privado, es sin fines de lucro, por lo tanto tienen que justamente velar de que esto se ajuste a la ley vigente y esperamos que pueda hacerse una investigación acabada, seria y responsable”, concluyó.

Consultado sobre la respuesta de Cubillos, que acusó que esto se trata de “un atentado” a la libertad, el diputado Manouchehri contestó que “esto no se trata de su supuesto derecho a la libertad laboral. Se trata respecto de una investigación que se está abriendo ante posibles irregularidades con un sueldo sospechosamente de $17 millones que recibe ella por un cuarto de jornada”

“Lo que debe hacer ella es rendir cuenta de una situación que se está investigando y la verdad es que las explicaciones ya no solo se las van a tener que dar en la Universidad de San Sebastián a la prensa, a la política, sino que las explicaciones van a tener que dárselas a la Superintendencia y a la fiscalía”, concluyó el legislador.