Los diputados de Renovación Nacional (RN), Ximena Ossandón, Hugo Rey, Miguel Becker, Camila Flores, Frank Sauerbaum y José Miguel Castro, solicitaron formalmente al Consejo de Defensa del Estado (CDE) que investigue la posible existencia de un sobreprecio en la adquisición por parte del Fisco de la propiedad que perteneciera al expresidente Salvador Allende.

Este inmueble, ubicado en calle Guardia Vieja N°392, en Providencia, es actualmente copropiedad de la ministra de Defensa, Maya Fernández Allende y su hermano, ambos nietos del exmandatario.

En el oficio dirigido al presidente del CDE, Raúl Letelier, los parlamentarios manifestaron su preocupación por un potencial perjuicio al patrimonio estatal y el conflicto de interés asociado.

Según indicaron, “quien ejecuta la negociación es el Gobierno, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, y adquiere a una ministra de Estado, que integra el mismo Gobierno”. Este hecho, explican, constituye un conflicto de interés evidente y un posible incumplimiento del Principio de Probidad, consagrado en la Constitución y en la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Los diputados subrayaron que el inmueble fue adquirido por la ministra y su hermano en 1998 por $500 mil millones, mientras que recientemente el Fisco lo compró por un valor cercano a los mil millones de pesos.

En el escrito, advirtieron que “aun aplicando criterios de reajuste estrictos, es notorio que la ministra y su hermano obtienen una ganancia inconmensurablemente superior al monto que desembolsaron”.

Además del eventual sobreprecio, los parlamentarios destacaron que el inciso final del artículo 37 bis de la Constitución prohíbe explícitamente a los ministros celebrar contratos con el Estado, incluso en contextos de copropiedad.

En este sentido, señalaron que “separar al ministro de Estado en cuanto integrante de una comunidad o copropiedad no debe ser acogido, en tanto vulnera el espíritu de la norma constitucional”.

La diputada Ximena Ossandón, jefa de bancada, sostuvo que “los precios que se pagan parecen exceder en mucho los valores de mercado y de ahí que el CDE debe seguir su mandato de resguardo del patrimonio público, informando si en la especie hay un sobreprecio que perjudique el interés fiscal”.

Por su parte, el diputado Miguel Becker agregó, que “el tecnicismo de que la ministra no forma parte de la compraventa, sino una persona jurídica, parece no ajustarse al estándar que impone nuestra Constitución”.

“De ahí que sería bueno que, de una vez por todas, el Consejo nos dé su opinión jurídica acerca de si se está incumpliendo la regla, que más que eso, es un mandato amplio de observancia de probidad mínima para ministros de Estado”, agregó.

Asimismo, el diputado Hugo Rey, subjefe de bancada, comentó que “el visado de la Contraloría es relevante, pero no es una bala de plata que impida cuestionamientos”.

“Acá los valores de compra parecen excesivos y no parece haber muchas dudas acerca del incumplimiento del estándar del artículo 37 bis de la Constitución, que prohíbe a los ministros contratar con el Estado”, subrayó.

La diputada Camila Flores, en tanto, quien preside la comisión de Defensa de la Cámara Baja, criticó “no hay plata para salud en nuestro país, no hay plata para pagar la asignación trimestral a nuestros carabineros, no hay plata para subir la PGU a nuestros pensionados, pero sí hay plata, mil millones de pesos, para comprarle la casa a Salvador Allende, el líder espiritual del actual Gobierno”.

“A mí me parece que esto es absolutamente irregular (…) a lo menos, existiría una negociación incompatible”, enfatizó.

Misma reacción tuvo el diputado Frank Sauerbaum, integrante de la Comisión de Hacienda, para quien la operación parece “un fraude a la ley, ya que, en definitiva, la ministra comparece en la compraventa como parte de una comunidad”.

Se trata de una norma constitucional que se vulnera, lo que merece un reproche ético más allá de la legalidad estricta visada por la Contraloría, pero que estimamos debe revisarse para este caso y otros”, explicó el legislador.

José Miguel Castro, en tanto, dijo que “es lamentable que este Gobierno, que se ha fijado metas fiscales que no puede cumplir, porque además de falta de gestión no tiene recursos, desembolse esta cantidad desproporcionada de dinero para adquirir propiedades que no son urgentes ni necesarias”.

Los diputados de RN instaron al CDE a evacuar un informe en derecho que esclarezca si esta transacción vulnera la prohibición constitucional y afecta gravemente la función pública que ejerce la ministra.

“Más allá de un tecnicismo jurídico, se atropella de manera evidente el Principio de Probidad, esencial para resguardar el interés fiscal y la transparencia en la gestión pública”, afirmaron.