Los diputados de Renovación Nacional (RN), Andrés Longton y José Miguel Castro, concurrieron este lunes a la Contraloría General de la República para verificar la legalidad de los requisitos del proceso de regularización acotada que estudia el Gobierno.

La medida que se encuentra evaluando el Ejecutivo busca aplicarse sobre el universo de los 182 migrantes que pasaron por el proceso de empadronamiento biométrico y ha generado críticas de la oposición y de parte del oficialismo.  

Según publicó Emol, Longton acusó “varias ilegalidades” que estaría cometiendo el Gobierno con la regularización acotada. “En primer lugar, la ley de inmigración establece claramente que el ingresar por paso clandestino es una ilegalidad que tiene una sanción establecida en la ley. Por lo tanto, eso no puede ser pasado por alto por el Gobierno”.

“En segundo lugar, piden arraigo laboral y resulta que quien ingresa de manera ilegal a nuestro país no puede trabajar porque eso tiene una sanción específica para los empleadores. Por lo tanto, lo que está pidiendo el Gobierno es que se incumple la ley para efectos de regularizarlo”, indicó.

En tercer lugar, se refirió a “los antecedentes penales. ¿Cómo podemos confiar en una dictadura como la de Maduro respecto a la transparencia de sus antecedentes? Considerando lo que pasó con el exteniente Ojeda, con el carácter que tiene su fiscal, una dictadura en la cual no se puede confiar en lo más mínimo, menos podemos confiar en que van entregados los antecedentes y que estos antecedentes penales son fidedignos”.

El parlamentario sostuvo que “esperamos que la Contraloría se pronuncie respecto a este proceso de regularización masivo y esperemos que le ponga freno por el bienestar de todos los chilenos”.

Castro aseveró que “este Gobierno le mintió a Chile. Cuando nos dijeron en la Comisión de Seguridad Ciudadana, el exsubsecretario Monsalve, que este proceso de empadronamiento biométrico no iba a ser un perdonazo, hicieron completamente lo contrario”.

“Estamos acostumbrándonos a que a fin de año, antes de la Navidad, este Gobierno nos entregue esta clase de regalos, como fue también con los indultos” acusó y añadió que “queremos preguntarle al subsecretario si tiene en consideración que estas 182.000 personas no tienen todos sus antecedentes penales claramente identificados. Queremos preguntarle al subsecretario si considera también que a estas personas el día de mañana se les va a entregar, por ejemplo, la PGU y que va a salir de todos los bolsillos de todos los chilenos”, consignó Emol.

Respecto al empadronamiento biométrico, Longton añadió que “todos sabíamos y el Gobierno trató de engañar a la opinión pública respecto a que esto no era un proceso de regularización masiva, cuando sí lo era. Lo dijo el ex subsecretario Monsalve, lo dijeron varios personeros más del Gobierno”.

“¿Quién se va a ir a empadronar si no es precisamente para que lo regularicen? Está bien tener la identidad, está bien saber quién ingresa a nuestro país, pero la regla general es que quien ingresa de manera ilegal a nuestro país tiene que ser expulsado. Si no, lo que le estamos diciendo a quienes pretenden ingresar ilegalmente a nuestro país, es muy claro, traspasen nuestras fronteras de manera ilegal, manténgase un tiempo en nuestro país y nuestro país generosamente los va a regularizar”, manifestó.