Un grupo de 60 manifestantes fue desalojado de la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados durante la discusión por la Ley de Inclusión Escolar, que eliminó el financiamiento compartido, la selección y el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado.

La protesta comenzó en las afueras del Congreso para posteriormente instalarse al interior del parlamento, hecho que obligó a desalojar de la sala a los manifestantes.

En la sesión, los diputados aprobaron dos resoluciones. La primera solicita a la Presidenta de la República que elabore un plan estratégico nacional que garantice la continuidad de estudios de los alumnos traspasados a partir de la ley de inclusión.

La iniciativa, de los diputados Fidel Espinoza (PS), Alberto Robles (PRSD), Marcela Hernando (PRSD), Cristina Girardi (PPD), Mario Venegas (DC), Marco Espinosa (PRSD), Yasna Provoste (DC) y Camila Vallejo (PC), recibió 71 votos a favor.

El texto plantea que el Ministerio de Educación ponga a disposición los equipos de trabajo necesarios para apoyar a estos sostenedores y reevaluar esta primera decisión, a fin de disminuir al máximo el número de establecimientos que pasen a particular pagado.

En el caso que no reviertan su decisión, el documento señala que se deberán desarrollar planes regionales para que las familias tengan alternativas relativamente similares a la de los colegios de origen.

Asimismo, se pide que se pongan a disposición equipos regionales responsables de las familias para entregar todo el apoyo e información requerida en el proceso de traspaso y facilitar todas las herramientas necesarias para mitigar eventuales efectos secundarios que pudieran surgir por el traspaso.

La segunda resolución pide a la Presidenta Bachelet que adopte medidas para garantizar condiciones de eficiencia, eficacia y calidad en los sistemas de educación primaria y secundaria.