El diputado e integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, Daniel Lilayu, anunció este jueves que -en representación de la Bancada UDI- presentará una denuncia ante la Fiscalía. Esto tras el informe de la Contraloría General de la República conocido este miércoles, en el que se confirmó que -a fines del año pasado- hubo una serie de llamados y gestiones que realizó el jefe de asesores del Ministerio de Salud con distintas autoridades del Hospital del Salvador, para informar de manera anticipada que iba en camino al recinto la madre de la exministra Ximena Aguilera.
Tras conocer la información a fines de 2025, el parlamentario solicitó a la Contraloría abrir una investigación para determinar si hubo un trato preferente en la atención de la mujer. Ello porque fue operada a las pocas horas de haber sido atendida, en circunstancias que en casos similares los pacientes deben esperar varios días o incluso semanas para ser intervenidos.
En ese sentido, y considerando que en el informe dado a conocer en las últimas horas el organismo confirmó que hubo distintas gestiones y llamados que se realizaron desde el Minsal para entregar al hospital la identidad de la persona que iba en camino, el diputado de la UDI acordó presentar todos los antecedentes ante el Ministerio Público. Esto para que inicien una investigación por el eventual delito de tráfico de influencias.
Lo anterior, porque además desde el propio recinto reconocieron -según detalla el informe- que “existieron comunicaciones entre el jefe de asesores de la ministra y funcionarios del Hospital del Salvador” y que “también hubo comunicaciones internas entre la directora (s) del hospital, el jefe de la Unidad de Urgencia y la enfermera jefa de la referida unidad relacionadas con la atención de la paciente, madre de la (ex) ministra de Salud (Ximena Aguilera)”.
Lilayu también solicitará a la Fiscalía que investigue si dichas comunicaciones influyeron en la decisión de operar a la madre de la secretaria de Estado esa misma noche, puesto que la propia Contraloría concluyó que “no se proporcionaron los antecedentes que permitan justificar una atención preferente de la paciente”, dado que había pacientes esperando desde antes.
“Amerita que se establezcan todas las responsabilidades que correspondan”
“Lo que ha constatado la Contraloría es de la máxima gravedad y amerita que se establezcan todas las responsabilidades que correspondan, tanto políticas como administrativas, o incluso penales. No estamos hablando de hechos menores ni de simples coordinaciones administrativas, sino que de gestiones que están completamente fuera de los protocolos clínicos y que, como establece el propio informe, no tienen justificación alguna. Y más grave aún es la confirmación de que hubo un trato preferente, en un tiempo que no se condice con la realidad que viven miles de chilenos”, cuestionó.
Por lo mismo, el parlamentario confirmó que “vamos a presentar una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue la posible existencia de un delito de tráfico de influencias”, concluyendo que “mientras la gran mayoría de los chilenos deben esperar horas o incluso varios días para ser atendidos, hay casos -como este- donde los contactos parecen pesar más que la urgencia médica”.
