Más de 55 mil millones de pesos son destinados por el Fisco para financiar uno de los derechos fundamentales en la legislación chilena sobre temas judiciales: la legítima defensa.
Sin embargo, el sistema tiene reparos. Para el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) hay una diferencia “impresentable” entre imputado y víctimas en casos de delitos violentos.
El presupuesto nacional considera solo $8.400 millones destinados en el apoyo a las víctimas, es decir, 10.1 veces menos que el que llega la defensa de imputados.
Fuenzalida, quien postula como candidato a diputado por el distrito 11, recuerda que existe un proyecto en el Congreso que busca crear un organismo que vele por la defensa y representación de las víctimas en un tribunal, iniciativa que todavía no se envía a la Cámara.
Sobre si busca reducir los presupuestos de la Defensoría para llevarlo a otro programa, Fuenzalida explica que “acá no se trata de quitarle los patines a nadie, es que ambos lados los tengan. El gobierno destina una gran cantidad de dinero para defender a los imputados y está bien, todo tienen derecho a tener una defensa”.
“La Presidenta Michelle Bachelet comprometió en su programa de gobierno crear la defensoría de víctimas y no lo ha hecho. Hoy existe un programa de apoyo con psicólogos creado durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, pero éste nunca tendrá los mismos recursos que una institución”, agregó el también fundador de la ONG Víctimas de la Delincuencia.
Si bien espera que en un eventual gobierno de Sebastián Piñera se concrete el proyecto, lamentó el tiempo perdido en que se pudo apoyar a víctimas de delitos violentos.
“Durante el gobierno de Piñera se promulgó la reforma constitucional que venía de la época de Michelle Bachelet, en que el Estado le reconoce la obligación de procurar a las víctimas de delitos violentos defensa jurídica, y eso se determinaría por una ley sobre defensoría púbica, la que nunca se ha enviado al Congreso”, concluyó.
Sin embargo, el sistema tiene reparos. Para el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) hay una diferencia “impresentable” entre imputado y víctimas en casos de delitos violentos.
El presupuesto nacional considera solo $8.400 millones destinados en el apoyo a las víctimas, es decir, 10.1 veces menos que el que llega la defensa de imputados.
Fuenzalida, quien postula como candidato a diputado por el distrito 11, recuerda que existe un proyecto en el Congreso que busca crear un organismo que vele por la defensa y representación de las víctimas en un tribunal, iniciativa que todavía no se envía a la Cámara.
Tiempo perdido
En entrevista con La Nación, el parlamentario reclama que el Estado invierte más en defender a delincuentes que a sus víctimas.Sobre si busca reducir los presupuestos de la Defensoría para llevarlo a otro programa, Fuenzalida explica que “acá no se trata de quitarle los patines a nadie, es que ambos lados los tengan. El gobierno destina una gran cantidad de dinero para defender a los imputados y está bien, todo tienen derecho a tener una defensa”.
“La Presidenta Michelle Bachelet comprometió en su programa de gobierno crear la defensoría de víctimas y no lo ha hecho. Hoy existe un programa de apoyo con psicólogos creado durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, pero éste nunca tendrá los mismos recursos que una institución”, agregó el también fundador de la ONG Víctimas de la Delincuencia.
Si bien espera que en un eventual gobierno de Sebastián Piñera se concrete el proyecto, lamentó el tiempo perdido en que se pudo apoyar a víctimas de delitos violentos.
“Durante el gobierno de Piñera se promulgó la reforma constitucional que venía de la época de Michelle Bachelet, en que el Estado le reconoce la obligación de procurar a las víctimas de delitos violentos defensa jurídica, y eso se determinaría por una ley sobre defensoría púbica, la que nunca se ha enviado al Congreso”, concluyó.
