- Por Dra. Andrea Peroni Fiscarelli
A nadie le asombra que ahora las mujeres no pidamos permiso legal al cónyuge para salir del país, disponer de bienes propios u ocupar un cargo público. Hoy, el desafío es avanzar en los derechos pendientes.
En términos laborales, la OCDE muestra que estamos entre los países más desiguales. Del total de trabajadores con bajos salarios en todos los niveles educacionales, las mujeres ganan menos (55,5%). Si bien existe una ley sobre este tema, parece que no se aplica.
En cargos públicos, el PNUD señala que la presencia de mujeres en la Cámara de Diputados y el Senado en el período post dictatorial se redujo a 11,8% y 7,9% respectivamente, mientras que el total de ellas que han ocupado una cartera ministerial en el mismo período es de 23,4%. La representación femenina es igualmente baja en las intendencias, consejos regionales, secretarías regionales ministeriales y gobernaciones.
Las modificaciones electorales recientes buscan un mayor equilibrio, pero no aseguran la posesión de los cargos parlamentarios, al reducirla a postulaciones preelectorales de cuotas. Esto repercute en la (i)legitimidad del sistema político, donde la decisión política reside en personas que no reflejan las diversas realidades sociales.
Para avanzar, el primer paso es reconocer la necesidad de establecer una combinación virtuosa de acción colectiva pro equidad, voluntad política, herramientas legislativas, un presupuesto de género y cuotas afirmativas (como Islandia). Necesitamos que las mujeres asuman el poder y creen alternativas a las ‘verdades’ dominantes masculinas; y visibilicen sobre todo las prácticas discriminatorias, incluido el acoso y el abuso sexual. Un paso más adelante permitiría la conformación paulatina de una sociedad donde mujeres y hombres comparten el poder entre ellos como co-responsables de la toma de decisiones, en todos los ámbitos.
- Dra. Andrea Peroni Fiscarelli Académica Universidad de Chile Asesora Proyecto Asocia 2030
