La Policía de Investigaciones (PDI) comunicó en la mañana de este viernes sobre la detención de una mujer por el delito de maltrato animal, ya que tenía un criadero de cerdos y otras especies en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana. Este lugar no contaba con la autorización correspondiente.

El subprefecto Fabián Contreras, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y Medio Ambiente (Bridesma) Metropolitana, afirmó que la investigación se inició tras una denuncia de la policía civil a la Fiscalía sobre la posible existencia de un matadero ilegal en la mencionada comuna. Esta denuncia surgió a partir de una acusación difundida en redes sociales.

Los detectives comenzaron diligencias en el lugar y constataron la presencia de un “criadero de animales, constituido por la mayor cantidad de cerdos, los cuales se encontraban con patologías infecciosas”, recogió Emol.

Desde la policía civil se precisó que encontraron 55 cerdos en producción, 128 aves de corral, 26 chivos y un ternero sin trazabilidad.

“Estableciendo que los animales no tenían las condiciones de salubridad y no se reunían las condiciones para ser alimentados y de resguardo que exige la ley, se estableció el delito de maltrato animal y se procedió a la detención de la tenedora de estos animales”, explicó Contreras.

También indicó que en el lugar se descubrió una piscina donde se acumulaban residuos, los cuales escurrían hasta un canal aledaño.

El subprefecto señaló que “en la inspección del sitio de suceso, no se logró establecer que existía en el lugar un matadero clandestino, ya que este delito tiene ciertas características que no se cumplían, entre las cuales está observar el reciente faenamiento del lugar, la venta al público de la carne”.

Los animales fueron puestos en “cuarentena” debido a las patologías infecciosas. El personal del SAG quedó a cargo del resguardo de las especies.

La Fiscalía procedió a formalizar a la imputada y el tribunal impuso la medida cautelar de arraigo nacional, además de establecer un plazo de investigación de 90 días.