Después de que la mesa directiva ampliada de la Convención Constitucional entregase los antecedentes del caso, el Ministerio Público ya designó al fiscal que investigará al convencional Rodrigo Rojas Vade por un eventual delito de perjurio en su declaración de patrimonios e intereses.

La Fiscalía Centro Norte confirmó que el persecutor designado será Patricio Cooper, fiscal jefe del Centro de Justicia.

La acción judicial acusa que en la declaración de intereses y patrimonio de Rojas Vade aparece una “deuda bancaria corresponde a financiamiento de tratamiento quimioterapéutico contra el cáncer”, lo cual “no sería fidedigno”.

En el oficio, los firmantes -entre ellos la presidenta Elisa Loncón y el vicepresidente Jaime Bassa- advierten a la Fiscalía que “en mérito de los hechos anteriormente expuestos, es que venimos en poner en su conocimiento los hechos descritos, a fin de que se inicie la investigación respectiva y se determine la eventual existencia de responsabilidad penal en conformidad con el artículo 11 inciso final de la ley 20.880”.

En tanto, la Contraloría General de la República informó en redes sociales que no tiene funciones para fiscalizar a la Convención Constitucional.

“Hemos puesto a disposición la plataforma de DIP (Declaración de Intereses y Patrimonio) a la Convención, sin embargo la ley no nos otorga las atribuciones para fiscalizar. Queremos recalcar que la Convención es una entidad autónoma y debe resolver cómo regula todos sus aspectos, incluyendo la ley de probidad”, indicó la entidad encabezada por Jorge Bermúdez.