*Por José Garrido Fuchslocher
Según AcciónEducar, el déficit que generará al 2023 la gratuidad en las universidades superará los 100.000 millones de pesos, por la vía de control de precios. Por otra parte, en Chile existen, al año 2016, 316 programas sociales que comprenden a 13 ministerios, ejecutando el año 2017 un presupuesto de 5.784.542 millones de pesos según informa el Banco Integrado de Programas Sociales (Ministerio de Desarrollo Social, 2017). Asimismo, existen 128 Iniciativas Sociales (Becas, Bonos y otros) en 10 ministerios con un presupuesto de 12.421.418 millones.
Una cantidad considerable de estos programas atienden directa o indirectamente a la población de menores que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y riesgo social que hoy llama la atención por ser una prioridad de la agenda política, al menos en el discurso. Sólo por nombrar algunos y los montos que involucran en millones de pesos: Abriendo Caminos (5.334), Actuar a Tiempo (2.723), Habilidades para la Vida (6.258). Hogares JUNAEB (95.938), Intervención Barrios Alta Complejidad (2.470), Programas Retención Escolar (1.232), Protección OPD (13.556), Protección 24 horas (12.987) y Protección PIE (12.782).
En el año 2016, considerando este contexto, de 22 iniciativas gubernamentales evaluadas por la DIPRES sólo 5 obtuvieron desempeño “suficiente” y 17 “insuficiente”. Dentro de los programas de rendimiento “insuficiente”, cabe destacar que el presupuesto del programa de Reinserción Escolar, no obstante ser un programa mal evaluado, su presupuesto crece entre el 2012 y el 2015 en un 102% (de 824.804 a 1.667.017 millones). Entonces, ¿es necesario cerrar un programa en la medida que es evaluado como insuficiente? No necesariamente. ¿Debe seguir todo como si nada? Necesariamente no.
El punto de fondo reside en que existe una balanza entre los deberes de un gobierno y los derechos sujetos a dichos deberes (y viceversa), equilibrio que es objeto de una disciplina llamada Economía Política. El fundador de la Economía Política moderna, Adam Smith, introdujo esta idea, sobre la base de un argumento de filosofía moral, la que sostiene esencialmente que tres principios, asociados a virtudes (justicia, prudencia y beneficencia), deben dirigir la acción del gobierno, en el orden de sus deberes y, correlativamente, en orden a los derechos de los sujetos en los que recaen dichos deberes. Este esquema es ilustrado en La Riqueza de las Naciones, y cobra la mayor actualidad, toda vez que se olvida el sustento moral del ejercicio de gobernar, más aún en democracia, donde existe la tentación de los profesionales de la política de prometer a cualquier costo y financiar programas que “paga Moya”.
Uno de dichos principios es la prudencia, que libera al gobierno de dirigir el interés personal en una determinada dirección, en el orden de los negocios de los sujetos. De esta manera, la prudencia en los negocios es al mismo tiempo límite de la acción e injerencia del gobierno, en cuanto lo libera de un deber de realizar actividades productivas, pero al mismo tiempo es un derecho de los sujetos a ejercer el bien personal con total libertad.
Aquí reside el núcleo del argumento de la libertad económica, ejercida sobre la base de un sustrato moral, cuyo único límite, según Smith, es el respeto irrestricto por las normas negativas de la justicia en lo que refiere a la propiedad, el fraude y el cumplimiento de los contratos. Pero al mismo tiempo, como toda balanza, es un argumento respecto al ejercicio virtuoso del gobierno en el orden del gasto público que se financia, justamente, con los impuestos que generan los negocios de los contribuyentes. El gobierno no puede a cualquier costa financiar, por ejemplo, la defensa externa o programas de beneficencia, endeudando al gobierno a futuro, lo cual tarde o temprano recae en los mismos contribuyentes. Porque es imprudente. De ahí que sean una balanza de interdependencia. Por ende, la virtud si bien es lo que posibilita los negocios virtuosos (los que maximizan la recaudación fiscal y los ingresos personales), a su vez limita el gasto del gobierno.
De la actualidad de la obra de Smith no cabe la menor duda, pero tanto o más importante son sus intuiciones sobre la responsabilidad pública de los contribuyentes y de la prudencia del gobierno en el financiamiento de sus gastos, muchos de ellos en el orden de la beneficencia, o lo que en la actualidad llamaríamos Estado de Bienestar (aunque con un claro tenor subsidiario en la obra de Smith).
Si estos programas deben ser revisados, desde esta perspectiva, es una obligación del gobierno y, por lo mismo, que la solución quizá no sea cerrarlos sin más, dadas las demandas de justicia de muchos de ellos, sino que utilizar herramientas estadísticas que permitan identificar las poblaciones de riesgo y la estructura de incentivos que producen estos programas que los vuelven ineficaces. Por analogía, no se trata de entender una enfermedad como una cuestión universal, sino identificar a los enfermos y los factores de riesgo que producen la enfermedad. Ya que peor aún que cerrar un programa será no tener financiamiento para ninguno, y que la deuda pública, como sucede en gobiernos irresponsables de la región, terminen sacrificando la democracia en su conjunto y, consigo, el Estado de Derecho.
*José de la Cruz Garrido Fuchslocher es profesor e investigador del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo
Según AcciónEducar, el déficit que generará al 2023 la gratuidad en las universidades superará los 100.000 millones de pesos, por la vía de control de precios. Por otra parte, en Chile existen, al año 2016, 316 programas sociales que comprenden a 13 ministerios, ejecutando el año 2017 un presupuesto de 5.784.542 millones de pesos según informa el Banco Integrado de Programas Sociales (Ministerio de Desarrollo Social, 2017). Asimismo, existen 128 Iniciativas Sociales (Becas, Bonos y otros) en 10 ministerios con un presupuesto de 12.421.418 millones.
Una cantidad considerable de estos programas atienden directa o indirectamente a la población de menores que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y riesgo social que hoy llama la atención por ser una prioridad de la agenda política, al menos en el discurso. Sólo por nombrar algunos y los montos que involucran en millones de pesos: Abriendo Caminos (5.334), Actuar a Tiempo (2.723), Habilidades para la Vida (6.258). Hogares JUNAEB (95.938), Intervención Barrios Alta Complejidad (2.470), Programas Retención Escolar (1.232), Protección OPD (13.556), Protección 24 horas (12.987) y Protección PIE (12.782).
En el año 2016, considerando este contexto, de 22 iniciativas gubernamentales evaluadas por la DIPRES sólo 5 obtuvieron desempeño “suficiente” y 17 “insuficiente”. Dentro de los programas de rendimiento “insuficiente”, cabe destacar que el presupuesto del programa de Reinserción Escolar, no obstante ser un programa mal evaluado, su presupuesto crece entre el 2012 y el 2015 en un 102% (de 824.804 a 1.667.017 millones). Entonces, ¿es necesario cerrar un programa en la medida que es evaluado como insuficiente? No necesariamente. ¿Debe seguir todo como si nada? Necesariamente no.
El punto de fondo reside en que existe una balanza entre los deberes de un gobierno y los derechos sujetos a dichos deberes (y viceversa), equilibrio que es objeto de una disciplina llamada Economía Política. El fundador de la Economía Política moderna, Adam Smith, introdujo esta idea, sobre la base de un argumento de filosofía moral, la que sostiene esencialmente que tres principios, asociados a virtudes (justicia, prudencia y beneficencia), deben dirigir la acción del gobierno, en el orden de sus deberes y, correlativamente, en orden a los derechos de los sujetos en los que recaen dichos deberes. Este esquema es ilustrado en La Riqueza de las Naciones, y cobra la mayor actualidad, toda vez que se olvida el sustento moral del ejercicio de gobernar, más aún en democracia, donde existe la tentación de los profesionales de la política de prometer a cualquier costo y financiar programas que “paga Moya”.
Uno de dichos principios es la prudencia, que libera al gobierno de dirigir el interés personal en una determinada dirección, en el orden de los negocios de los sujetos. De esta manera, la prudencia en los negocios es al mismo tiempo límite de la acción e injerencia del gobierno, en cuanto lo libera de un deber de realizar actividades productivas, pero al mismo tiempo es un derecho de los sujetos a ejercer el bien personal con total libertad.
Aquí reside el núcleo del argumento de la libertad económica, ejercida sobre la base de un sustrato moral, cuyo único límite, según Smith, es el respeto irrestricto por las normas negativas de la justicia en lo que refiere a la propiedad, el fraude y el cumplimiento de los contratos. Pero al mismo tiempo, como toda balanza, es un argumento respecto al ejercicio virtuoso del gobierno en el orden del gasto público que se financia, justamente, con los impuestos que generan los negocios de los contribuyentes. El gobierno no puede a cualquier costa financiar, por ejemplo, la defensa externa o programas de beneficencia, endeudando al gobierno a futuro, lo cual tarde o temprano recae en los mismos contribuyentes. Porque es imprudente. De ahí que sean una balanza de interdependencia. Por ende, la virtud si bien es lo que posibilita los negocios virtuosos (los que maximizan la recaudación fiscal y los ingresos personales), a su vez limita el gasto del gobierno.
De la actualidad de la obra de Smith no cabe la menor duda, pero tanto o más importante son sus intuiciones sobre la responsabilidad pública de los contribuyentes y de la prudencia del gobierno en el financiamiento de sus gastos, muchos de ellos en el orden de la beneficencia, o lo que en la actualidad llamaríamos Estado de Bienestar (aunque con un claro tenor subsidiario en la obra de Smith).
Si estos programas deben ser revisados, desde esta perspectiva, es una obligación del gobierno y, por lo mismo, que la solución quizá no sea cerrarlos sin más, dadas las demandas de justicia de muchos de ellos, sino que utilizar herramientas estadísticas que permitan identificar las poblaciones de riesgo y la estructura de incentivos que producen estos programas que los vuelven ineficaces. Por analogía, no se trata de entender una enfermedad como una cuestión universal, sino identificar a los enfermos y los factores de riesgo que producen la enfermedad. Ya que peor aún que cerrar un programa será no tener financiamiento para ninguno, y que la deuda pública, como sucede en gobiernos irresponsables de la región, terminen sacrificando la democracia en su conjunto y, consigo, el Estado de Derecho.
*José de la Cruz Garrido Fuchslocher es profesor e investigador del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo
