El Consejo para la Transparencia (CPLT) respaldó la decisión de la Contraloría General de la República de no cursar el decreto de la Subsecretaría del Interior que buscaba ampliar el plazo legal de almacenamiento de comunicaciones privadas, más conocido como el “decreto espía”.
Según la Contraloría, el decreto N° 866 de 2017 “regula materias propias de la ley (…) excediendo las normas del Código Procesal Penal que se invocan como fundamento”, por lo cual no tomó razón del documento ingresado el 4 de agosto pasado.
Al respecto, el presidente del CPLT, Marcelo Drago, compartió el criterio del ente contralor y recalcó que “cualquier cambio o modificación legal en torno a las comunicaciones privadas debiese ser materia de ley y ajustarse estrictamente a una finalidad necesaria, existiendo para ello un debate legislativo abierto y de frente a la ciudadanía”.
Recordó que el Consejo advirtió públicamente, en septiembre pasado, que una norma de este tipo contraviene experiencias internacionales como la europea, que eleva la protección de los datos personales como un derecho fundamental de los ciudadanos.
Además de aumentar las facultades de las compañías de telecomunicaciones para recopilar direcciones IP y la ubicación geográfica de las conversaciones telefónicas, entre otros datos, el decreto también permitía el almacenamiento de información privada.
Asimismo, posibilitaba que otros organismos, distintos del Ministerio Público, tuvieran acceso a una serie de datos personales de los ciudadanos, como las tarjetas de créditos de los usuarios.
La Subsecretaría del Interior anunció que pedirá explicaciones a la Contraloría sobre su decisión, ya que no estaría debidamente fundada.
Según la Contraloría, el decreto N° 866 de 2017 “regula materias propias de la ley (…) excediendo las normas del Código Procesal Penal que se invocan como fundamento”, por lo cual no tomó razón del documento ingresado el 4 de agosto pasado.
Al respecto, el presidente del CPLT, Marcelo Drago, compartió el criterio del ente contralor y recalcó que “cualquier cambio o modificación legal en torno a las comunicaciones privadas debiese ser materia de ley y ajustarse estrictamente a una finalidad necesaria, existiendo para ello un debate legislativo abierto y de frente a la ciudadanía”.
Recordó que el Consejo advirtió públicamente, en septiembre pasado, que una norma de este tipo contraviene experiencias internacionales como la europea, que eleva la protección de los datos personales como un derecho fundamental de los ciudadanos.
Además de aumentar las facultades de las compañías de telecomunicaciones para recopilar direcciones IP y la ubicación geográfica de las conversaciones telefónicas, entre otros datos, el decreto también permitía el almacenamiento de información privada.
Asimismo, posibilitaba que otros organismos, distintos del Ministerio Público, tuvieran acceso a una serie de datos personales de los ciudadanos, como las tarjetas de créditos de los usuarios.
La Subsecretaría del Interior anunció que pedirá explicaciones a la Contraloría sobre su decisión, ya que no estaría debidamente fundada.
