Una nueva polémica enfrenta actualmente el gobierno de Javier Milei en Argentina, luego de limitar, vía decreto, la ley de acceso a la información pública.

La medida, publicada este lunes en el Boletín Oficial, ha causado preocupación entre organizaciones civiles y la prensa, advirtiendo que la modificación “ataca todos los principios de transparencia activa”. 

Según informó Emol, el decreto establece que el Estado no está obligado a entregar información del ámbito de la vida privada de los funcionarios públicos, ni tampoco de todo aquello que sea preparatorio de una decisión estatal, como papeles de trabajo o reuniones previas. 

En la misma línea, con la iniciativa aumentan los criterios de excepción para no brindar información pública.

Además, con el decreto firmado por el mandatario no se podría indagar, por ejemplo, en torno a quién ingresa a la residencia oficial de Olivos, en la provincia de Buenos Aires, debido a que ahora el derecho de acceso a la información pública excluye la que “hace al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica”. 

Consignar que la ley de acceso a la información pública rige desde hace 7 años en Argentina, y a través de un mecanismo, le otorga a la ciudadanía el derecho de acceso a la información considerada de carácter pública. A la vez, de acuerdo al citado medio, el sistema ha revelado comportamientos impropios de las autoridades, y también ha sido útil para la investigación de causas judiciales. 

Por su parte, y expresando su molestia por el decreto de Milei, la Fundación Poder Ciudadano manifestó en sus redes sociales que “ningún decreto puede restringir el acceso a la información pública más allá de lo que lo hace la Ley sancionada democráticamente por el Congreso”. 

Asimismo, en diálogo este martes con Radio Mitre, el director ejecutivo de la organización, Pablo Secchi, señaló que están “analizando” llevar el caso a la justicia para declarar “inconstitucional” el decreto.

En tanto, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) mencionó que la modificación del gobierno implica “un grave retroceso democrático”, argumentando que “desalienta la participación ciudadana en los asuntos del Estado y oscurece la gestión pública”, y remarcaron que esto “ataca todos los principios de transparencia activa”. 

“Debe presumirse como regla que toda la información que existe en poder de órganos públicos puede y debe ser divulgada”, indicó el foro, añadiendo que “son los ciudadanos los dueños de la información pública y no el Estado, por lo que el permitir su conocimiento no es una concesión discrecional de los gobiernos sino un imperativo normado”.