El Juzgado de Garantía de Iquique decretó la prisión preventiva de 13 excarabineros y tres civiles, imputados como autores de los delitos de asociación ilícita, cohecho, contrabando, lavado de activos y robo con intimidación y violencia, ilícitos cometidos entre noviembre de 2017 y principios de 2019, en la provincia del Tamarugal.

En la audiencia de formalización de la investigación que se extendió por dos jornadas, el magistrado Mauricio Chía Pizarro ordenó el ingreso de los excarabineros R.R.S., S.F.G., E.A.R., J.N.F., I.S.V., L.P.P., E.J.R., C.R.F., A.V.H., W.R.G., M.G.I, J.C.N. y J.M.G. a recintos policiales de Pozo Almonte, Iquique, Alto Hospicio, Rancagua, Arica, Copiapó, María Elena y Coyhaique.

Además, el juez ordenó que los civiles S.M.C., K.T.C. y L.M.G. ingresen al Centro Penitenciario de Alto Hospicio, por considerar que la libertad de los 16 imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 120 días el plazo de investigación.

En la causa, el magistrado Chía también dejó sujetos a la medida cautelar de arresto domiciliario total a C.M.C. y H.R.A., imputados por los delitos de asociación ilícita, soborno, contrabando y lavado de activos; de C.C.G., imputado por asociación ilícita, contrabando y lavado de activos; de A.M.M. y J.C.C., imputados por asociación ilícita y contrabando; y de M.C.Z., imputado por asociación ilícita, contrabando, lavado de activos y como encubridor de robo con intimidación.

En el caso de A.C.A., imputada por los delitos de asociación ilícita y contrabando, el tribunal la dejó sin medidas cautelares por no aportar el fiscal en esta etapa procesal, indicios que permitan presumir su participación en los hechos, como establece el artículo 140 del Código Procesal Penal.

HECHOS IMPUTADOS

Según la Fiscalía Regional de Tarapacá, tras una extensa y compleja investigación realizada con personal de la PDI, se logró establecer la existencia de una organización criminal integrada por funcionarios en servicio activo de Carabineros y civiles, quienes de manera concertada y organizada se encontraban operando a lo menos, desde noviembre de 2017 y hasta comienzos del año pasado, con el propósito de facilitar el ingreso ilegal de cigarrillos al país.

Para ello, los líderes de la organización, S.M.C. y el cabo segundo de la policía uniformada R.R.S., contactaban a los brazos operativos M.C.Z., L.M.G., A.M.M., H.R.A. y J.C.C. y, dependiendo de si se encontraban de turno o en servicio de patrullaje, a los funcionarios de Carabineros: S.F.G., E.A.R., J.N.F., I.S.V., L.P.P., E.J.R., C.R.F., A.V.H., W.R.G., M.G.I, J.C.N. y J.M.G., para que concurrieran a sectores fronterizos y/o controles carreteros para que dieran paso libre a los camiones o vehículos menores en que trasladaban la mercadería ilícita, la cual distribuían y comercializaban en diversos puntos de la región.

Asimismo, el grupo se dedicaba a interceptar camiones que ingresaban al país cigarrillos de contrabando por pasos no habilitados de la zona de Colchane, apropiándose del cargamento, mediante intimidación y violencia. Mercancía que luego distribuían y vendían al menudeo en Alto Hospicio e Iquique.

La organización, agregó la fiscalía, contaba y utilizaba para asegurar la coordinación y ejecución de sus acciones delictivas, con equipamiento tecnológico, tales como aparatos de radiofrecuencia instalados en vehículos, visores nocturnos, walkie tolkie y sensores de movimiento, que utilizaban en zonas determinadas para detectar el posible paso de camiones con mercadería de contrabando, y una cámara espejo de los monitores de vigilancia de la Tenencia de Huara, ubicada en el domicilio de S.M.C.; además de réplicas de armas, balizas y vehículos policiales, abrojos (“miguelitos”) y pasamontañas. Elementos que eran facilitados por K.T.C., cónyuge de S.M.C., y quien se encargaba del manejo financiero de la organización.

La investigación de la PDI logró establecer que el grupo habría cometido, al menos, ocho robos con intimidación y violencia de camiones cargados con cigarrillos de contrabando, los cuales eran conducidos por choferes extranjeros que eran abandonados en medio del desierto.

La mercancía sustraída era acopiada en distintos domicilios, contando con apoyo a A.C.A., y luego vendida al menudeo por los civiles C.M.C. y C.C.G. Las ganancias que les reportaba las ventas bordean los $7.000.000, por camión asaltado. Dinero que era, posteriormente, repartido entre los miembros de la organización, en efectivo, transferencias electrónicas o depósitos, y que habrían utilizado para adquirir vehículos y maquinarias, que luego vendían para blanquear su origen.