El beneficio, destinado a niños, niñas y jóvenes con ascendencia indígena acreditada, entrega un monto que va desde $100.550 a $654.600, dependiendo del nivel educacional de cada usuario.

Esta ayuda, que puede entregar un monto que va desde las 55 UF, hasta las 504 UF, pretende favorecer las condiciones de seguridad y habitabilidad de las familias, mediante proyectos de reparación o mejoramiento de las viviendas.

El periodo para realizar el trámite venció el pasado 31 de marzo, y la multa a la que se pueden exponer los automovilistas, irá aumentando si continúan sin pagar el documento.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) espera que declaren alrededor de 4,7 millones de contribuyentes, y como una forma de apoyar a quienes cumplen con su obligación oportunamente, se adelantó la devolución de Renta para aquellos que realicen el trámite entre el 1 y el 8 de abril.

El proceso iniciará este lunes 1 de abril, y el trámite deberá ser realizado de manera obligatoria por cierto grupo de personas. Por su parte, la devolución dependerá de la fecha en la que cada usuario haga su respectiva declaración.

Un grupo en específico de afiliados al Seguro de Cesantía puede solicitar el retiro total de los fondos acumulados en su Cuenta Individual de Cesantía (CIC), siempre y cuando cumplan con ciertas condiciones.

El Servicio de Impuestos Internos establece que el proceso debe ser realizado obligatoriamente por las personas que cumplan con ciertas condiciones, aunque igualmente el trámite puede ser llevado a cabo por aquellos que quieran acceder a beneficios o créditos tributarios.

La ayuda económica, que tendrá un aumento en comparación al año pasado, se encuentra dirigida a los adultos mayores de 65 años o más, quienes deben cumplir con ciertas condiciones.

El Aporte Familiar Permanente reparte un monto de $61.793 pesos, y en esta última entrega de la ayuda, el dinero se otorgará por cada carga familiar debidamente acreditada.

El proceso es obligatorio para todas las personas naturales o jurídicas, chilenas, extranjeras, residentes, públicas o privadas, que se encuentren en el país; y quienes se nieguen a colaborar con las preguntas, se pueden exponer a recibir multas económicas, establecidas en el artículo 22 de la ley 17.374.