El exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), presentó una querella en la que acusa a distintas personas del ámbito público y privado de coludirse en su contra en las imputaciones de corrupción que lo aquejan.

Pese a estar dirigida contra “quien resulte responsable”, la denuncia apunta a personajes como la fiscal Giovanna Herrera Andreuchi y los abogados Gabriel Zaliasnik Schilkrut y Mario Vargas Cociña de formar parte de un “montaje judicial” en contra de Jadue que estarían interfiriendo con su derecho a un procedimiento justo, informó Radio Biobío.

Presentada por el abogado Lorenzo Morales Cortés y admitida a trámite este jueves por el tribunal, el documento, de 44 páginas, busca perseguir a quienes en calidad de autores, cómplices o encubridores han participado de los delitos de prevaricación y fraude procesal, solicitando tres años de presidio respecto al primero y diez para el segundo.

Sería a través de estas maniobras, sostiene la querella, que se estaría gestando una “imputación injusta” en contra de Daniel Jadue por los delitos reiterados de fraude al Fisco, un delito de estafa, un delito de cohecho y un delito concursal mientras presidía la Asociación de Farmacias Populares (Achifarp).

El primer personaje nombrado en la querella es quien en enero de este año presidió la reformalización en contra de Jadue: la fiscal Giovanna Herrera Andreucci, funcionaria de la Fiscalía Centro Norte, hoy encabezada por el fiscal Xavier Armendáriz.

A ella se le acusa en esta instancia de participar de la investigación penal a pesar de contar con un conflicto de interés vinculado al líder comunista. En específico, de ser la concuñada de Javier Vega Sepúlveda, socio y representante legal de la farmacia Fracción, competidora del modelo que instauró Jadue.

“(…) Hay una colusión de distintas personas públicas y privadas, con lo cual se conforma una participación de imputación injusta, en donde hay un conjunto de prestamistas, que se confabularon para un montaje judicial”, se lee en el documento.

En este caso se acusa a la empresa Best Quality –denunciante en el caso Farmacias Populares– de contar con un “historial sospechoso”, consistente en la presentación de la querella contra Jadue “a pesar de existir una negociación en curso” y la posterior venta de la deuda al “prestamista informal Fernando Cassorla, quien también era proveedor de Best Quality”.

Respecto a Cassorla, el único antecedente que se agrega es que proporcionó propaganda electoral a distintos políticos, entre ellos Carlos Montes, suegro de la fiscal Herrera. Sin embargo, las acusaciones más detalladas van contra quien, de acuerdo con la querella, sería el abogado de Cassorla: Gabriel Zaliasnik.

Se acusa al abogado –nombrado 11 veces en la querella– de haber “buscado perjudicar a Jadue” y tener una enemistad previa por ser Zaliasnik judío y Jadue activista palestino.

La tercera acusación se basa en el reportaje de The Clinic titulado “La influencia de Luis Hermosilla en el Congreso: los chats con Samuel Donoso y Gabriel Zaliasnik”, en que se dan una serie de antecedentes en las conversaciones por WhatsApp de un grupo del que forman parte los abogados y en el que se habla de perjudicar a Jadue.

Consultado por Radio Biobío, Gabriel Zaliasnik indicó que “la mención es delirante”. “Supongo que la querella tiene un objetivo instrumental y político pues intenta dar sustento a la supuesta ‘guerrilla judicial’ que enfrentaría Jadue por los casos de grave corrupción que el Ministerio Público le ha imputado”.

En el escrito presentado que se lee que “por las situaciones denunciadas que el abogado Lorenzo Morales pide al Ministerio Público decretar orden de investigar a la PDI a fin de que realicen todas las diligencias que sean necesarias para la efectiva acreditación del hecho denunciado y para la identificación de los responsables, agregando que para la instancia se ofrecerán testigos con protección de identidad”.