La Secretaría Regional Ministerial de Educación de Valparaíso se refirió al cuestionario con preguntas sobre sexualidad y salud mental que fue aplicado a niños de 5° básico-cuya edad bordea los 10 años-en la Escuela España de Llolleo, en San Antonio.

Según consignó El Mercurio, apoderados del establecimiento denunciaron esta situación al considerar que los estudiantes de 5° año básico fueron sometidos a un interrogatorio que terminó convirtiéndose en una agresión sexual y a una intromisión en la vida privada.

A los alumnos se les realizó el cuestionario CLAP, que es parte de un programa del Ministerio de Salud, el cual fue aplicado por funcionarios del Centro de Salud Familiar Las Lomas de San Antonio.

De acuerdo a la denuncia de los apoderados, en la encuesta se les habría consultado si mantenían relaciones íntimas, si habían agredido sexualmente a otros niños y si habían pensado alguna vez en suicidarse.

A través de una declaración pública, la Seremi de Educación de Valparaíso aseguró que “no fuimos consultados ni fuimos parte de la coordinación para la realización de esta encuesta”.

“El jefe provincial de Educación de San Antonio, Sergio Baeza, sostuvo conversaciones con el director del establecimiento para esclarecer el cumplimiento de los protocolos correspondientes”, añadieron.

Además, indicaron que “de acuerdo al levantamiento de información realizada hasta ahora, no se solicitó consentimiento a las familias por parte del establecimiento ni por el personal de salud”.

Asimismo, explicaron que, de acuerdo a la normativa, “las madres, padres y apoderados tienen derecho a ser informados por el sostenedor y los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos de los rendimientos académicos, de la convivencia escolar y del proceso educativo en su conjunto, lo que incluye talleres o actividades de capacitación gestionadas con entidades externas”.

Tras lo ocurrido, la Superintendencia de Educación ingresó una denuncia de oficio para investigar las circunstancias del hecho y si el establecimiento se ajustó a la normativa educacional.

“Como Ministerio de Educación nuestra preocupación está en el resguardo de los derechos de niñas y niños y a la entrega oportuna de información hacia las y los apoderados en los operativos que se realizan en los establecimientos educacionales”, indica el comunicado.