¿Puede ser la suspensión de la COP25 una oportunidad para Chile? Para el abogado ambientalista Cristian Alarcón, investigador de la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas en Uppsala y observador oficial de la cita, dice que la señal que envía este abortada cumbre mundial a sus invitados que debieron rehacer las maletas para ir a España, es un llamado de atención para revisar los objetivos de esta iniciativa y -a nivel local- una feble política ambiental.

El experto admite haber advertido hace un tiempo ya que la cumbre dudosamente iba a poder realizarse en el país. “Hay que decirlo. En el orden de cosas que suceden en Chile, que la COP25 se realice en otro país es algo irrelevante. Finalmente su realización en el país fracasó porque el movimiento social actual impugna muchas de las cosas que se daban por hecho en un sentido económico. Lo importante es que la previa de la cumbre generó relevantes discusiones que deben mantenerse y llevarse a cuestiones prácticas”, señala sobre las pistas acerca de mejorar una institucionalidad ambiental que es bastante limitada.

Como representante de una universidad europea importante y acreditada en materia sustentable, el abogado debía prestar servicios como observador del encuentro, participar de la discusión y reunirse con sindicatos para debatir sobre qué puede hacer este sector en materia ambiental, pero antes de que llegaran sus credenciales, el escenario cambió radicalmente hace un par de semanas.

“Cuando aumentó la represión contra la movilización, yo hice el análisis de que, por un lado, la APEC y la COP se unieron y quedaron como un paquete. Luego, creo que este diseño, cuyo origen tuvo que ver con que originalmente la botó Brasil y la toma Piñera para que quedara como un proyecto de él, no ayudó mucho. A nivel personal, siempre fui muy crítico de esto y aunque me parecía extraño que se hubiese gestado así, esta persistencia era algo que podía entender. Luego, las movilizaciones mantuvieron su energía inicial y comencé a dudar de que, al menos, la APEC se realizara porque si venía Donald Trump, tal como anunció, esto iba a canalizar aún más la protesta. Y poco a poco se hizo inviable la COP25 también. Cuando me preguntaron si era probable, dije que no porque el abuso policial y contra los derechos humanos a esa altura era algo evidente y no había forma de que asegurara que eso iba a parar”, apunta Alarcón.

Confiesa que mucha gente antes que él pensó que la COP no iba más, pero que en el peor de los casos se dejaba ir la APEC para salvar la cumbre ambiental aunque fuese en otro contexto o ubicación, pero que ni siquiera la ONU manifestó ese interés. “El riesgo de que se hiciera igual era que se cayera en pleno proceso. Que se generara un desbande y que, finalmente, no se reagendara en el corto plazo… con los países saliéndose y generándose la oportunidad para que EEUU dijese: ‘De aquí nosotros nos salimos hasta que se haga una nueva COP’. Lo complejo es que en términos de lo delicado de las negociaciones climáticas, los meses perdidos no se recuperan fácilmente. No es como organizar un Mundial de Fútbol”, agrega.

Ahora con Madrid como sede, la cumbre ambiental difumina parte del interés que había en Chile para hablar sobre estas temáticas, por lo que urge concientizar a la población de que la problemática no puede separarse de las grandes crisis sociales.

ENTRE SUECIA, CHILE Y ETIOPÍA

Actualmente, el profesor Alarcón lleva adelante una investigación con fondos suecos que explora la manera en que tres países implementan el monitoreo ambiental con miras al 2030: Suecia, Etiopía y Chile. Dice el académico que estos tres países tienen en común esta agenda ambiental que se desarrolla en diferentes niveles de avance, pero que se ubican en distintos lugares de ingresos, desarrollo y geografía.

¿Qué urgencias locales han ido adquiriendo nuevos enfoques a nivel local gracias al abortado espíritu de la COP25 como hito?

-Creo que, entre otras, ha surgido con fuerza la idea de que un momento importante del proyecto neoliberal debe ser debatido con seriedad. Los científicos y los habitantes del territorio, también están haciendo una división política en la manera en que deben tratarse temáticas como los bosques o el tema hídrico, las salmoneras en el sur de Chile y otros. Se está creando una mirada común entre la sociedad y los científicos de las ciencias sociales que se van involucrando cada vez más. Uno no puede responsabilizar solamente a los años de la dictadura y posteriores del problema ambiental. El problema de las plantaciones y la minería venía de mucho antes, pero lo cierto es que este modelo actual de procesos productivos y la apertura de los mercados genera más y más acuerdos respecto de una matriz productiva de Chile que es un problema en sí. También explosiones particulares de esta conflictividad en diversos sectores, se entienden como un conflicto mayor que permite hacer relaciones en un nuevo contexto en el que la sumatoria de demandas es producto de un modelo de desarrollo fallido.

¿Qué otros lastres propios, de parte de la investigación, debemos identificar para ir potenciando una política ambiental en medio de un periodo de crisis, pero también de decisiones? -Existen en nuestro país gran cantidad de organismos que realizan labores de monitoreo ambiental, pero de manera desorganizada además de una gran cantidad de investigación ambiental que realizan instituciones privadas pero que no se canaliza ni comparte en una plataforma pública, por ejemplo. Algo parecido sucede con la crisis del agua y el monitoreo del recurso hídrico y forestal que es algo que avanza favorablemente gracias a la intervención de grupos sociales e investigativos, pero que también necesita integrarse a partir de las diversas zonas donde se realiza acción y reflexión sobre esta problemática.

“Desde la perspectiva de una agenda 2030 es fundamental que estos recursos investigativos y de gestión, sean inseparables. Incluso esto se puede justificar en términos económicos”, remarca.