La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) realizó una declaración luego que el Tribunal Constitucional (TC) estableciera que la ley que busca sistematizar y penalizar los delitos económicos y ambientales se apega a la Constitución vigente.

El TC dejó sin efecto el requerimiento ingresado por el gremio empresarial, donde señalaban que existirían “vicios de inconstitucionalidad” en la iniciativa que fue despachada por el Congreso el pasado 16 de mayo.

Tras esta decisión, CPC manifestó que condenan “tajantemente todo tipo de abuso, colusión, fraude, enriquecimiento ilícito, cohecho o cualquier mala práctica empresarial, porque afecta directamente a las personas, a la confianza y la fe pública. Cada uno de estos delitos debe ser sancionado de acuerdo a la legislación, garantizando los principios de certeza jurídica, el debido proceso y la igualdad ante la ley”.

En cuanto al “téngase presente” que fue ingresado el 10 de julio, la entidad liderada por Ricardo Mewes sostuvo que “si bien compartimos el objetivo del proyecto de ley de Delitos Económicos y Atentados contra el Medio Ambiente, consideramos que no cumple del todo con estos principios, pues vulnera derechos fundamentales, como la igualdad ante la ley y el debido proceso. Por ello, creemos que requiere de una revisión en algunas materias”.

“Cuando se pasan a llevar principios y derechos, nos parece absolutamente legítimo y necesario usar la institucionalidad y las herramientas que nos entregan la Constitución y las leyes, para defenderlos y presentar nuestros puntos de vista”, precisaron.

Asimismo, esperan que una vez promulgada la ley “se abra la posibilidad de una discusión técnica, que permita mejorar aquellos aspectos que, de acuerdo a análisis jurídicos, pueden perjudicar la actividad económica, como son la creación de un sistema penal paralelo, la ambigüedad en la definición de nuevas figuras delictivas, la desproporción entre las penas asociadas a delitos económicos y el resto de los ilícitos, entre otros”.

“Nos parece fundamental contar con una legislación adecuada que penalice los delitos económicos y contra el medio ambiente. Se debe sancionar a los que abusan y, a la vez, garantizar certeza jurídica e igualdad ante la ley. Necesitamos una legislación efectiva y que no se preste para ninguna ambigüedad ni discriminación”, sentenciaron desde el gremio.