La suspensión de clases de forma indefinida, que se dejen sin efecto la recalendarización del año escolar realizada por la Seremi de Educación y el adelantamiento de las vacaciones de invierno, son las peticiones que contiene el recurso de protección presentado ante la justicia por una apoderada del Colegio San Ignacio de Alonso de Ovalle.
El libelo interpuesto por la abogada Marisa Navarrete, en representación de si misma y nueve apoderados del Cuarto Básico A del establecimiento educacional, sostiene que el retorno a las aulas en plena pandemia del Coronavirus, estaría vulnerando el artículo 20 de la Constitución, que consagra “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”.
La argumentación se basa en que los recurrentes tienen hijos que padecen diversas enfermedades crónicas, como diabetes, insuficiencia renal crónica, asma y enfermedades autoinmunes, y/o que conviven con personas de grupos de riesgo.
Esta acción judicial está dirigida contra el Presidente Sebastián Piñera; los ministros de Salud, Jaime Mañalich; y Educación, Raúl Figueroa; como también hacia la seremi de Educación Metropolitana, Bárbara Soto.
El escrito detalla la cronología de las medidas que se han tomado para combatir la propagación del Covid-19, específicamente la suspensión de clases y el adelantamiento de las vacaciones de invierno, las que concluyen el 27 de abril.
Cabe recordar que la semana pasada el titular del Mineduc reiteró en varias oportunidades que veía “proco probable” un retorno a las salas de clases en esa fecha, considerando la evolución del escenario de la epidemia en el país, lo que también había dejado en suspenso por su par de Salud, considerando que el peak del virus respiratorio se producirá recién entre fines de abril y comienzos de mayo.
A estas declaraciones, se suman las que hizo el Jefe de Estado en cadena nacional, donde anunció que los alumnos no volverán a las aulas el próximo lunes como se había estipulado, añadiendo que ello se concretaría en mayo, sin especificar qué día, pero recalcando que para que ello habrá una preparación previa y acorde a las exigencias sanitarias.
La abogada y apoderada pidió también en su escrito decretar una orden de no innovar para que, mientras se tramite el recurso, se deje sin efecto el reinicio de clases el 27 de abril, o bien, se decrete la suspensión de clases indefinida.
El libelo interpuesto por la abogada Marisa Navarrete, en representación de si misma y nueve apoderados del Cuarto Básico A del establecimiento educacional, sostiene que el retorno a las aulas en plena pandemia del Coronavirus, estaría vulnerando el artículo 20 de la Constitución, que consagra “el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona”.
La argumentación se basa en que los recurrentes tienen hijos que padecen diversas enfermedades crónicas, como diabetes, insuficiencia renal crónica, asma y enfermedades autoinmunes, y/o que conviven con personas de grupos de riesgo.
Esta acción judicial está dirigida contra el Presidente Sebastián Piñera; los ministros de Salud, Jaime Mañalich; y Educación, Raúl Figueroa; como también hacia la seremi de Educación Metropolitana, Bárbara Soto.
El escrito detalla la cronología de las medidas que se han tomado para combatir la propagación del Covid-19, específicamente la suspensión de clases y el adelantamiento de las vacaciones de invierno, las que concluyen el 27 de abril.
Cabe recordar que la semana pasada el titular del Mineduc reiteró en varias oportunidades que veía “proco probable” un retorno a las salas de clases en esa fecha, considerando la evolución del escenario de la epidemia en el país, lo que también había dejado en suspenso por su par de Salud, considerando que el peak del virus respiratorio se producirá recién entre fines de abril y comienzos de mayo.
A estas declaraciones, se suman las que hizo el Jefe de Estado en cadena nacional, donde anunció que los alumnos no volverán a las aulas el próximo lunes como se había estipulado, añadiendo que ello se concretaría en mayo, sin especificar qué día, pero recalcando que para que ello habrá una preparación previa y acorde a las exigencias sanitarias.
La abogada y apoderada pidió también en su escrito decretar una orden de no innovar para que, mientras se tramite el recurso, se deje sin efecto el reinicio de clases el 27 de abril, o bien, se decrete la suspensión de clases indefinida.