La Segunda Sala de la Corte Suprema acogió el recurso de amparo presentado por las defensas de los ocho detenidos en la Operación Huracán, entre ellos el vocero de la CAM, Héctor Llaitul, y ordenó que sean puestos en libertad.
Según informa La Tercera, en fallo unánime -como lo exige la Ley Antiterrorista-, los ministros Milton Juica, Lamberto Cisternas, Carlos Cerda, Andrea Muñoz y Manuel Antonio Valderrama acogieron los argumentos de la defensa.
Los alegatos se realizaron el martes, día en que la fiscalía insistió en su imputación de asociación ilícita terrorista de los 8 detenidos, basada en la interceptación de mensajes de WhatsApp con apodos, mientras que la defensa argumentó que no hay pruebas contra los imputados.
Finalmente, los magistrados tras ese análisis llegaron a un acuerdo y tomaron la decisión de acoger el recurso de amparo y ordenar la liberación de los comuneros.
La resolución será dada a conocer este jueves y notificada a los penales de Concepción y Temuco, donde están en prisión preventiva los imputados. Luego de esto, quedarán en libertad.
Los detenidos son el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul Carrillanca; su hijo Ernesto Llaitul Pezoa; el werken de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Jaime Huenchullán Cayul, y su hermano Rodrigo; el exmirista David Cid Aedo; el estudiante universitario Claudio Leiva Rivera, y los comuneros Martín Curiche Curiqueo y Fidel Tranamil Nahuel. Estos dos últimos también están imputados como autores directos de un atentado incendiario a camiones en Padre Las Casas.
De acuerdo a la resolución de los supremos, en el fallo de la magistrada que ordenó la prisión preventiva de los detenidos, no se estableció uno de los requisitos principales para decretar la medida cautelar más gravosa del sistema penal: hubo una falta de fundamentos que justifiquen la participación de los imputados en los hechos indagados por el Ministerio Público.
De acuerdo a fuentes del Poder Judicial, la resolución de los magistrados no significa que ellos queden libres de la investigación del Ministerio Público, sino que el problema estuvo en la argumentación de la magistrada para determinar la prisión preventiva. Es por esto, que el Ministerio Público podrá solicitar esta cautelar con nuevos antecedentes si lo estima necesario.
Según informa La Tercera, en fallo unánime -como lo exige la Ley Antiterrorista-, los ministros Milton Juica, Lamberto Cisternas, Carlos Cerda, Andrea Muñoz y Manuel Antonio Valderrama acogieron los argumentos de la defensa.
Los alegatos se realizaron el martes, día en que la fiscalía insistió en su imputación de asociación ilícita terrorista de los 8 detenidos, basada en la interceptación de mensajes de WhatsApp con apodos, mientras que la defensa argumentó que no hay pruebas contra los imputados.
Finalmente, los magistrados tras ese análisis llegaron a un acuerdo y tomaron la decisión de acoger el recurso de amparo y ordenar la liberación de los comuneros.
La resolución será dada a conocer este jueves y notificada a los penales de Concepción y Temuco, donde están en prisión preventiva los imputados. Luego de esto, quedarán en libertad.
Los detenidos son el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul Carrillanca; su hijo Ernesto Llaitul Pezoa; el werken de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Jaime Huenchullán Cayul, y su hermano Rodrigo; el exmirista David Cid Aedo; el estudiante universitario Claudio Leiva Rivera, y los comuneros Martín Curiche Curiqueo y Fidel Tranamil Nahuel. Estos dos últimos también están imputados como autores directos de un atentado incendiario a camiones en Padre Las Casas.
De acuerdo a la resolución de los supremos, en el fallo de la magistrada que ordenó la prisión preventiva de los detenidos, no se estableció uno de los requisitos principales para decretar la medida cautelar más gravosa del sistema penal: hubo una falta de fundamentos que justifiquen la participación de los imputados en los hechos indagados por el Ministerio Público.
De acuerdo a fuentes del Poder Judicial, la resolución de los magistrados no significa que ellos queden libres de la investigación del Ministerio Público, sino que el problema estuvo en la argumentación de la magistrada para determinar la prisión preventiva. Es por esto, que el Ministerio Público podrá solicitar esta cautelar con nuevos antecedentes si lo estima necesario.
