La Corte Suprema acogió los recursos de protección presentados por funcionarios públicos a quienes el año pasado el Gobierno no les renovó los nombramientos a contrata, pese a haber prestado servicios por más de 10 años, por lo que solo pueden ser destituidos por sumario administrativo o baja calificación.
En fallos unánimes, la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz, Ángela Vivanco y los abogados (i) Álvaro Quintanilla y Diego Munita– acogió las acciones cautelares presentadas por funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales, del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y del Ministerio del Interior.
El máximo tribunal ordenó su reintegro y el pago de remuneraciones adeudadas durante la separación del servicio, tras establecer que al haber ejercido cargos por 11, 10 y 15 años, respectivamente, se generó la confianza legítima de que sus contratas serían renovadas, por lo que su desvinculación resulta arbitraria.
Según la resolución, al haber ocupado el cargo a contrata por más de dos anualidades, esto “generó a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculada con la Administración, de modo tal que sólo se puede terminar esa relación estatutaria por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución, o por una calificación anual que así lo permita, supuestos fácticos que no concurren en la especie”.
En fallos unánimes, la Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros María Eugenia Sandoval, Carlos Aránguiz, Ángela Vivanco y los abogados (i) Álvaro Quintanilla y Diego Munita– acogió las acciones cautelares presentadas por funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales, del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y del Ministerio del Interior.
El máximo tribunal ordenó su reintegro y el pago de remuneraciones adeudadas durante la separación del servicio, tras establecer que al haber ejercido cargos por 11, 10 y 15 años, respectivamente, se generó la confianza legítima de que sus contratas serían renovadas, por lo que su desvinculación resulta arbitraria.
Según la resolución, al haber ocupado el cargo a contrata por más de dos anualidades, esto “generó a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculada con la Administración, de modo tal que sólo se puede terminar esa relación estatutaria por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución, o por una calificación anual que así lo permita, supuestos fácticos que no concurren en la especie”.
