La Corte Suprema hizo llegar a la Convención Constitucional una carta en la que manifestó su preocupación respecto de una norma que está siendo tramitada al interior del órgano, la cual pretende limitar la permanencia de los jueces en su cargo a solo ocho años.

Luego de un debate realizado por el Pleno durante la mañana de este martes, la ministra Ángela Vivanco detalló los puntos de la misiva en una conferencia de prensa.

“Se tomó conocimiento de las distintas propuestas adoptadas por la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional y, con un espíritu de colaboración con su importante tarea que desarrolla en beneficio del país, se acordó expresar lo siguiente respecto de la independencia judicial de las juezas y los jueces, que se podría ver afectada en atención a la temporalidad de sus cargos”, dijo la magistrada.

Respecto a las conclusiones del encuentro, el documento versa que “la delimitación de competencias y funciones entre las diferentes autoridades al interior de los Estados, con efectivos controles internos y recíprocos, reconociendo una plena participación democrática de la ciudadanía, alternancia en el poder de las autoridades políticas y un ejercicio de las funciones públicas de manera responsable, (…) junto a una administración de justicia independiente, imparcial y autónoma, entre otros presupuestos, es indispensable para reconocer la vigencia efectiva de un Estado de Derecho”.

“En el ámbito global, internacional, regional y local, se ha reconocido como un pilar primordial que la administración de justicia se imparta por una judicatura independiente, adquiriendo su verdadera relevancia al dejar de entenderse como un privilegio de los jueces y constituirse en la garantía fundamental de las personas en la vigencia efectiva de todos sus derechos, por cuanto en los tribunales recae, al interior de los Estados, arbitrar en los conflictos de carácter jurídico de todas las personas, en lo cual deben proceder sin reconocer otro imperativo que la justicia y el derecho”, agrega.

Vivanco también hizo hincapié en que “en la regulación de la función jurisdiccional se ha expresado que integra la independencia de las juezas y jueces de instancia el principio de inamovilidad”.

“Debido a tal postulado la Cumbre Judicial Iberoamericana de 2001 sostuvo que las juezas y los jueces deben mantenerse en sus cargos y en un sistema que les garantice estabilidad desde el momento en que adquieren tal categoría e ingresan a la Carrera Judicial”, recalcó.

“La afectación de la independencia y de la inamovilidad judicial, no es un tema de privilegios judiciales. Es un tema que resalta la protección de los derechos de las personas que concurren a los tribunales. Si contamos con jueces que son inamovibles e independientes el gran beneficiado es el administrado, el destinatario de sus decisiones, a quien ha de acudir a los tribunales para la defensa de sus derechos”, apuntó.