Un tribunal de apelación brasileño denegó este lunes los recursos del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra una condena a más de 12 años de cárcel, pero el ex mandatario no podrá ser detenido en espera de una decisión de la corte suprema.
Aparte de dejar al ex mandatario brasileño más cerca de la cárcel, el fallo echaría por tierra sus aspiraciones de presentarse a las elecciones de octubre próximo, para las que es favorito, aunque la última palabra al respecto la tendrá la justicia electoral, que analizará las candidaturas en agosto.
La resolcuión fue adoptada por unanimidad de los tres magistrados del Tribunal Regional Federal nº4 (TRF4), con sede en Porto Alegre (sur), que en enero confirmó la sentencia de primera instancia y elevó la pena a 12 años y un mes de cárcel, por corrupción pasiva y lavado de dinero.
Los recursos se referían a presuntas “omisiones”, “contradicciones” o “puntos oscuros” detectados por la defensa en las consideraciones de los jueces.
La jurisprudencia actual autoriza el encarcelamiento de los acusados que agotan los recursos de segunda instancia. Pero el Supremo Tribunal Federal (STF) garantizó que Lula no sería detenido al menos hasta el 4 de abril, cuando el máximo tribunal reanude los debates sobre un ‘habeas corpus’ que autorice al ex jefe de Estado (2003-2010) a apelar en libertad ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ, tercera instancia) y ante el propio STF.
De ser adversa, la sentencia frustraría las pretensiones de Lula de volver al poder, porque la ley electoral determina que las personas condenadas a firme en segunda instancia no pueden presentarse a cargos electivos.
El Supremo Tribunal Electoral (STE) deberá pronunciarse al respecto solo en agosto, en caso de que Lula siga siendo precandidato del Partido de los Trabajadores (PT).
El exlíder sindical, de 72 años, se halla actualmente en una gira proselitista por el sur del país, marcada por incidentes provocados por sus adversarios que atacaron a pedradas a los autobuses de la comitiva y arrojaron huevos contra los oradores en los actos.
Fue condenado por haber recibido un apartamento de lujo de la constructora OAS, a cambio de su influencia para obtener contratos en Petrobras. El juicio se enmarca en el escándalo de sobornos a políticos revelado por la Operación Lava Jato.
El dirigente enfrenta además otros seis procesos judiciales, pero se declara inocente en todos y los atribuye a una conspiración de las “élites” para impedirle volver al poder.
Aparte de dejar al ex mandatario brasileño más cerca de la cárcel, el fallo echaría por tierra sus aspiraciones de presentarse a las elecciones de octubre próximo, para las que es favorito, aunque la última palabra al respecto la tendrá la justicia electoral, que analizará las candidaturas en agosto.
La resolcuión fue adoptada por unanimidad de los tres magistrados del Tribunal Regional Federal nº4 (TRF4), con sede en Porto Alegre (sur), que en enero confirmó la sentencia de primera instancia y elevó la pena a 12 años y un mes de cárcel, por corrupción pasiva y lavado de dinero.
Los recursos se referían a presuntas “omisiones”, “contradicciones” o “puntos oscuros” detectados por la defensa en las consideraciones de los jueces.
La jurisprudencia actual autoriza el encarcelamiento de los acusados que agotan los recursos de segunda instancia. Pero el Supremo Tribunal Federal (STF) garantizó que Lula no sería detenido al menos hasta el 4 de abril, cuando el máximo tribunal reanude los debates sobre un ‘habeas corpus’ que autorice al ex jefe de Estado (2003-2010) a apelar en libertad ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ, tercera instancia) y ante el propio STF.
De ser adversa, la sentencia frustraría las pretensiones de Lula de volver al poder, porque la ley electoral determina que las personas condenadas a firme en segunda instancia no pueden presentarse a cargos electivos.
El Supremo Tribunal Electoral (STE) deberá pronunciarse al respecto solo en agosto, en caso de que Lula siga siendo precandidato del Partido de los Trabajadores (PT).
El exlíder sindical, de 72 años, se halla actualmente en una gira proselitista por el sur del país, marcada por incidentes provocados por sus adversarios que atacaron a pedradas a los autobuses de la comitiva y arrojaron huevos contra los oradores en los actos.
Fue condenado por haber recibido un apartamento de lujo de la constructora OAS, a cambio de su influencia para obtener contratos en Petrobras. El juicio se enmarca en el escándalo de sobornos a políticos revelado por la Operación Lava Jato.
El dirigente enfrenta además otros seis procesos judiciales, pero se declara inocente en todos y los atribuye a una conspiración de las “élites” para impedirle volver al poder.
