El Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago instruyó una investigación sumaria y suspendió de su cargo al juez de Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Daniel Urrutia Laubreaux, quien cambió la prisión preventiva a arresto domiciliario total a 13 de los 28 presuntos integrantes de la “primera línea”.
La determinación la tomó el tribunal de alzada luego que Urrutia justificara su fallo por el avance del coronavirus y el riesgo en los centros carcelarios.
“Las cárceles son recintos donde la posibilidad de contagiarse es altamente probable atendido el hacinamiento y la imposibilidad de que las medidas sanitarias mínimas puedan ser implementadas razonablemente, prueba de esto, es la persistencia de la enfermedad de la tuberculosis en la población carcelaria, que al día de hoy no ha podido ser erradicada de nuestras cárceles. A lo que se suma la cantidad de personas privadas de libertad con enfermedades de base que complicarían enormemente la respuesta del sistema de salud dentro de la población penal”, indicó Urrutia en su resolución.
Con este fallo el juez Urrutia sacó de la cárcel a 13 imputados que fueron detenidos tras la apelación del Gobierno y la Fiscalía Centro Norte y que fueron sindicados como eventuales miembros de la “primera línea” que se formó en medio de las protestas sociales en Plaza Baquedano.
“Atendida la gravedad de los hechos que serán materia de la investigación y a fin de evitar las consecuencias que esto puede generar, se dispone como medida preventiva la suspensión de los efectos de la aludida resolución y de cualquiera otras de idéntica naturaleza que hubiere pronunciado el juez Urrutia”, indicó el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Asimismo, puntualizó que “con el objeto de obtener el mejor funcionamiento del lugar de trabajo, se dispone la suspensión de funciones del investigado, en tanto dure la investigación, sin perjuicio de lo que pudiera decidirse en el curso de ésta”.
En primera instancia, el juez determinó firma bimensual para los 28 imputados detenidos en la intersección de Ramón Corvalán con Carabineros de Chile el pasado 3 de marzo.
Sin embargo, la apelación del Gobierno logró que fueran enviados a prisión preventiva los 28 imputados.
Actualmente hay 15 personas que no hay sido ubicados por la policía y que deben ingresar a una unidad penal para cumplir la medida cautelar de prisión preventiva.
La determinación la tomó el tribunal de alzada luego que Urrutia justificara su fallo por el avance del coronavirus y el riesgo en los centros carcelarios.
“Las cárceles son recintos donde la posibilidad de contagiarse es altamente probable atendido el hacinamiento y la imposibilidad de que las medidas sanitarias mínimas puedan ser implementadas razonablemente, prueba de esto, es la persistencia de la enfermedad de la tuberculosis en la población carcelaria, que al día de hoy no ha podido ser erradicada de nuestras cárceles. A lo que se suma la cantidad de personas privadas de libertad con enfermedades de base que complicarían enormemente la respuesta del sistema de salud dentro de la población penal”, indicó Urrutia en su resolución.
Con este fallo el juez Urrutia sacó de la cárcel a 13 imputados que fueron detenidos tras la apelación del Gobierno y la Fiscalía Centro Norte y que fueron sindicados como eventuales miembros de la “primera línea” que se formó en medio de las protestas sociales en Plaza Baquedano.
“Atendida la gravedad de los hechos que serán materia de la investigación y a fin de evitar las consecuencias que esto puede generar, se dispone como medida preventiva la suspensión de los efectos de la aludida resolución y de cualquiera otras de idéntica naturaleza que hubiere pronunciado el juez Urrutia”, indicó el Pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Asimismo, puntualizó que “con el objeto de obtener el mejor funcionamiento del lugar de trabajo, se dispone la suspensión de funciones del investigado, en tanto dure la investigación, sin perjuicio de lo que pudiera decidirse en el curso de ésta”.
En primera instancia, el juez determinó firma bimensual para los 28 imputados detenidos en la intersección de Ramón Corvalán con Carabineros de Chile el pasado 3 de marzo.
Sin embargo, la apelación del Gobierno logró que fueran enviados a prisión preventiva los 28 imputados.
Actualmente hay 15 personas que no hay sido ubicados por la policía y que deben ingresar a una unidad penal para cumplir la medida cautelar de prisión preventiva.
