El destituido presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, se negó a declarar este jueves en su segundo día bajo detención, en el marco de la investigación en su contra por el presunto delito de insurrección con su fugaz declaración de ley marcial en el país.
Previamente, a comienzos de la jornada, el equipo legal de Yoon informó a la oficina anticorrupción que el mandatario no iba a asistir a la primera sesión de interrogatorios por motivos de salud.
En ese sentido, lo anterior se aplazó a una hora posterior para este jueves. Sin embargo, el líder conservador tampoco acudió a esta nueva sesión.
En declaraciones obtenidas por la agencia de noticias Yonhap, el abogado Yun Gap-geun indicó que “el presidente Yoon no se encuentra bien y ayer explicó completamente su postura, así que no hay nada más por lo que deba ser interrogado”.
Consignar que Yoon fue arrestado este miércoles, luego de un largo asedio de las autoridades en su residencia, lugar en el que estaba atrincherado y protegido por el servicio de seguridad presidencial (PSS), desde que fue destituido por el Parlamento a mediados de diciembre.
En tanto, esta segunda jornada de interrogatorios coincidió con el mismo día en que el Tribunal Constitucional inició la segunda audiencia formal por un procedimiento paralelo, donde se determinará si su destitución es definitiva.
Por su parte, desde la Oficina para los Casos de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO), buscan interrogar a Yoon con un cuestionario de más de 200 páginas, y ahora evalúan forzar su comparecencia ante los investigadores.
A la vez, el presidente y sus abogados cuestionaron la legalidad de la orden de detención en su contra, y presentaron un recurso ante un tribunal de Seúl.
La oficina anticorrupción tiene 48 horas para interrogar al presidente desde su detención a las 10:33 horas locales del pasado miércoles. En la misma línea, pueden solicitar una orden para prolongar la detención hasta 20 días.
Cabe destacar que en caso de ser declarado culpable de insurrección, el mandatario eventualmente puede arriesgar cadena perpetua o incluso la pena capital. No obstante, en el país existe una moratoria sobre esta última condena desde hace casi 40 años.
