El ministro de Justicia, Luis Cordero, respondió a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), quien se opone a la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad en la comuna, y dijo que la “obligación” del Gobierno es proveer de infraestructura para que el sistema judicial pueda “cumplir su propósito”.

En entrevista con Radio Cooperativa, Cordero afirmó que “es evidente que los alcaldes defienden los intereses locales, si en eso no cabe ninguna duda, y a mí me parece que la reacción de la alcaldesa Hassler, como de cualquier alcalde respecto a este caso, es completamente comprensible”.

Sin embargo, “la obligación que nosotros tenemos como Ministerio de Justicia es proveer de una infraestructura para el país respecto a este tipo de instituciones (…) De lo contrario el sistema de justicia no puede cumplir su propósito”, agregó.

“¿Cuál es la forma razonable de poder llegar a un acuerdo en torno a medidas de mitigación y compensación? Es otro aspecto, pero yo creo que no hay que perder de perspectiva de lo que estamos hablando y del interés general que está detrás de eso, porque de lo contrario, para nosotros sería imposible construir ningún establecimiento penal en ninguna parte”, afirmó.

Es más, sostuvo que “sería imposible ampliar cualquier establecimiento penal en ninguna parte”, subrayó Cordero.

Además recordó que el sector donde se buscaría construir el nuevo penal en Santiago “es una zona que tiene establecimientos penitenciarios desde el año 1844”, que es cuando se construyó la penitenciaría, mientras que el 1994 se construyó el establecimiento de alta seguridad y el 2006 se inauguró el Centro de Justicia de Santiago y, al mismo tiempo, se habilitó el establecimiento de Santiago I”.

“Lo que está detrás de esto no es simplemente la construcción de un establecimiento, es el desarrollo del sistema de máxima seguridad”, subrayó.

En esta línea, comentó que una cantidad importante de nuevos establecimientos penales en Chile no se han podido construir por la “oposición de las comunidades locales o derechamente porque los municipios, una vez que el Estado adquirió los terrenos, modificó los planos reguladores para que no se construyeran”.

“Si nosotros hubiésemos podido desarrollar una cantidad importante de los proyectos de infraestructura penitenciaria que quisieron desarrollarse desde 2010 en adelante, sin esas oposiciones, probablemente no tendríamos la estrechez que tenemos hoy día”, afirmó.

Pese a ello destacó que el año pasado el Congreso aprobó la ley que permite descongelar planos reguladores para ampliar y modificar establecimientos penales.

“No hay administración del Ministerio de Justicia que no haya padecido la falta de plazas penitenciarias”, por lo que “este es el tipo de decisiones que uno mira en el largo plazo. Si uno lo mira contingentemente, sería imposible desarrollar ninguno de estos tipos de proyectos”, subrayó. “Esto es un problema de política pública general y de largo plazo para el país”, insistió.

Al cierre Cordero sostuvo que “decirle que no a un proyecto de estas características es decirle que no a una gestión que es central para el cumplimiento de la ley (…) Cuando hay cooperación, las decisiones se pueden implementar, aunque sean complejas, con cierta facilidad, yo sigo siendo un convencido de la inteligencia colectiva”.

“Si hay alguien que quiere mirar esto en perspectiva coyuntural, lo que está haciendo es comprometiendo el desarrollo del cumplimiento del sistema de justicia para la próxima década. De eso estamos hablando”, indicó.