La Mesa Directiva ampliada de la Convención Constitucional ofició este lunes a la Fiscalía Centro Norte para investigar la eventual falta de probidad en su declaración de patrimonio e intereses, realizada por el convencional constituyente Rodrigo Rojas Vade, tras la revelación en una entrevista dada al diario La Tercera de que no padecería cáncer, sino otra enfermedad.

La situación causó controversia y generó un sinfín de críticas y ataques hacia Rojas, sobre todo desde dentro del organismo encargado de redactar la nueva Carta Magna, ya que su campaña fue basada en la lucha contra la enfermedad.

En ese contexto, la directiva encabezada por Elisa Loncón presentó la denuncia este lunes, a horas de confirmar que el cupo del renunciado Rojas Vade en la mesa -donde hasta el sábado ejercía como vicepresidente adjunto- será ocupado por la convencional Tania Madriaga.

Además de Loncón, la carta fue firmada por el vicepresidente de la instancia, Jaime Bassa, y los vicepresidentes adjuntos Tiare Aguilera, Pedro Muñoz, Lorena Céspedes, Elisa Giustinianovich y Rodrigo Álvarez.

En el oficio advierten que los convencionales “debían cumplir con elaborar la declaración de Intereses y Patrimonio, al tenor de lo dispuesto en la ley 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses” al momento de asumir sus funciones.

Posteriormente, señalan que en la declaración de intereses y patrimonio de Rojas Vade aparece una “deuda bancaria corresponde a financiamiento de tratamiento quimioterapéutico contra el cáncer”, para luego acusar que “el fin de semana recién pasado hemos tomado conocimiento a través de los medios de comunicación que el Sr. Rojas Vade ha afirmado no tener cáncer y que, por tanto, la declaración referida en el acápite anterior, no sería fidedigna”.

“Cabe señalar que el Sr. Rojas Vade agrega este antecedente en un campo que no es obligatorio, pero, hace referencia a un pasivo por $27.000.000 con el Banco Scotiabank, el que sí se encuentra en un campo obligatorio”, añade el oficio.

Posteriormente, los firmantes recuerdan que la declaración de intereses y patrimonio es obligatoria al tenor del artículo 134 de la Constitución, en la ley N°20.880.

“En mérito de los hechos anteriormente expuestos, es que venimos en poner en su conocimiento los hechos descritos, a fin de que se inicie la investigación respectiva y se determine la eventual existencia de responsabilidad penal en conformidad con el artículo 11 inciso final de la ley 20.880”, cierra la carta.