La Contraloría General de la República le notificó al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), la formulación de cargos en el marco del sumario abierto en noviembre del año pasado por presuntas faltas a la probidad en su gestión de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp).

Según publica La Tercera, el 6 de julio, de forma absolutamente reservada, un equipo de la Contraloría se constituyó en la Municipalidad de Recoleta para notificar personalmente al jefe comunal de la formulación de cargos en su contra por el sumario abierto tras detectarse -en noviembre del año pasado- faltas al principio de probidad que habrían sido cometidas por él en su rol de presidente del organismo y, también, de su círculo de hierro.

En la información que se le entregó en papel a Jadue, según recabó La Tercera, está el análisis de pesquisas realizadas durante ocho meses por analistas del ente fiscalizador que es liderado por Jorge Bermúdez y que constataron una serie de irregularidades cometidas por el alcalde en relación a la gestión y administración de Achifarp.

Uno de los cargos dice relación con la celebración de convenios ilegales entre los municipios de Recoleta y Paillaco, además del Servicio Nacional de la Discapacidad, con el organismo que provee de medicamentos a bajo costo. Según la fiscalización estos acuerdos irregulares involucran $613 millones de recursos fiscales y en ellos las autoridades eludieron la Ley N° 19.886 sobre bases de contratos administrativos del Estado.

Otro de los cargos se refiere a la nula existencia de rendiciones de cuentas de los recursos municipales traspasados a Achifarp y desórdenes en la documentación que sustenta los supuestos gastos rendidos por el organismo.

De hecho en la auditoría Contraloría advirtió que no había respaldo financiero y que la Asociación “no puso a disposición los antecedentes relativos a procedimientos establecidos para la adquisición de medicamentos, canalización y análisis de los requerimientos de las municipalidades asociadas”.

AUSENCIA DE CONTROL

Otro de los reproches de Contraloría a Jadue y sus colaboradores es la ausencia de fiscalización de directores de control respecto al uso y destino de los recursos fiscales traspasados a Achifarp. En noviembre el ente envió estos antecedentes al Ministerio Público y el CDE.

En el detalle del expediente se sostenía que la asociación tampoco entregó para la auditoría información de sus estatutos, ni las actas de directorio, de las asambleas generales, ni directrices formales que regulen los procesos de cuotas de incorporación y anuales que pagaban los municipios asociados.

El informe final de Contraloría (N° 909/2021) detectó también irregularidades en el contrato firmado por Achifarp con la Universidad de Concepción para la fabricación del polémico medicamento Interferón que supuestamente servía para enfrentar al Covid-19. La asociación sólo transfirió $25 millones de los $245 millones que había comprometido.

En la formulación de cargos, según constató La Tercera, al alcalde Jadue se le levantaron tres reproches por la suscripción y aprobación de convenios irregulares que eluden la ley y falta de control.

También se levantó dos cargos a su administradora municipal Gianinna Repetti Lara, quien obra en algunas circunstancias como alcaldesa subrogante, por los mismos motivos que su jefe.

Al director de control de Recoleta, Patricio González Orellana, se le imputó eludir la ley que regula los contratos con el Estado y la falta de fiscalización del uso y destino de los recursos traspasados a Achifarp. Una situación similar se formuló en contra de la exdirectora jurídica.

La resolución también reprocha a los alcaldes de Paillaco, Miguel Ángel Carrasco (ind), y Macul, Gonzalo Montoya (Comunes). Éste último por el pago de una cuota extra a Achifarp sin exigir rendición de cuentas de los recursos traspasados.

Una vez estén los descargos de Jadue y sus estrechos colaboradores, la Contraloría podría proponer sanciones a los funcionarios de menor jerarquía que el jefe comunal. En el caso del alcalde de Recoleta el destino de su gestión recae en el concejo municipal. Si al finalizar el sumario se acredita finalmente las graves infracciones a la probidad que se han detectado, los ediles podrán llevar el caso al Tribunal Electoral Regional (TER) y solicitar su destitución.