Tal como ocurre desde hace tres años, el próximo domingo 31 de marzo culminará el plazo para que los funcionarios públicos efectúen o actualicen su Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP).
El Presidente, ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores, embajadores, parlamentarios y consejeros regionales, entre otros, deben efectuar este procedimiento.
La DIP está contemplada en la Ley N° 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses y su reglamento, que además entregó a la Contraloría General de la República (CGR) facultades para verificar su contenido y veracidad.
La CGR, a través de la Unidad de Análisis de Declaraciones de Intereses y Patrimonio y el Centro de Informática, se encarga de levantar y revisar la información necesaria para fiscalizar el cumplimiento de la normativa a través del sitio www.declaracionjurada.cl, plataforma que espera recibir 80 mil declaraciones.
Además, el proceso contempla que, una vez realizada la declaración por parte de los sujetos obligados -mediante un formulario incorporado en el Sistema DIP y utilizando la Clave Única que entrega el Registro Civil- el documento queda a disposición del correspondiente jefe de servicio, quien debe firmarlo.
Sólo una vez que ello sucede se envía a la CGR. Este organismo, a través de su Centro de Informática, lo remite al Consejo para la Transparencia, entidad que lo publica en www.infoprobidad.cl. Desde que se lanzó la plataforma, en septiembre 2016, la Contraloría ha recepcionado, al 7 de marzo de este año, 237.060 declaraciones, que corresponden a 113.992 funcionarios.
Del total de declaraciones, más de 230 mil corresponden a entidades que son fiscalizadas por la CGR. Otras 6.286 pertenecen a personas que ocupan cargos públicos de entidades que no son fiscalizadas por este organismo de control.
Asimismo, con el propósito de orientar mejor el proceso de este año, la Contraloría dispuso una guía para rectificar las declaraciones, el cual se encuentra disponible en www.declaracionjurada.cl.
El Presidente, ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores, embajadores, parlamentarios y consejeros regionales, entre otros, deben efectuar este procedimiento.
La DIP está contemplada en la Ley N° 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses y su reglamento, que además entregó a la Contraloría General de la República (CGR) facultades para verificar su contenido y veracidad.
La CGR, a través de la Unidad de Análisis de Declaraciones de Intereses y Patrimonio y el Centro de Informática, se encarga de levantar y revisar la información necesaria para fiscalizar el cumplimiento de la normativa a través del sitio www.declaracionjurada.cl, plataforma que espera recibir 80 mil declaraciones.
Además, el proceso contempla que, una vez realizada la declaración por parte de los sujetos obligados -mediante un formulario incorporado en el Sistema DIP y utilizando la Clave Única que entrega el Registro Civil- el documento queda a disposición del correspondiente jefe de servicio, quien debe firmarlo.
Sólo una vez que ello sucede se envía a la CGR. Este organismo, a través de su Centro de Informática, lo remite al Consejo para la Transparencia, entidad que lo publica en www.infoprobidad.cl. Desde que se lanzó la plataforma, en septiembre 2016, la Contraloría ha recepcionado, al 7 de marzo de este año, 237.060 declaraciones, que corresponden a 113.992 funcionarios.
Del total de declaraciones, más de 230 mil corresponden a entidades que son fiscalizadas por la CGR. Otras 6.286 pertenecen a personas que ocupan cargos públicos de entidades que no son fiscalizadas por este organismo de control.
Asimismo, con el propósito de orientar mejor el proceso de este año, la Contraloría dispuso una guía para rectificar las declaraciones, el cual se encuentra disponible en www.declaracionjurada.cl.
