La Contraloría General de la República declaró ilegales las grabaciones televisivas al interior de cárceles, por lo que ordenó un sumario en Gendarmería por los programas “Alerta máxima” de Chilevisión y “Nadie está libre” de Canal 13.
“Se mostraron imágenes de internos que al parecer no querían ser filmados, así como del interior de los recintos y de algunas actividades privadas realizadas por aquellos; se dieron a conocer antecedentes penitenciarios de reclusos, efectuándose una constante mofa de estos”, detalló el ente fiscalizador, según consigna este sábado El Mercurio.
El matutino afirma que Contraloría acogió un requerimiento de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería (Ansog) y emitió un dictamen que establece que Gendarmería “no se ajustó a derecho al autorizar la grabación de los referidos programas de televisión”.
El documento también establece que no consta que los internos hayan dado su venia para ser grabados, que no se tomaron los resguardos necesarios para proteger su privacidad, que no existe fundamento para haber permitido el ingreso de personas a los establecimientos carcelarios y que la distracción de recursos humanos y materiales del organismo penitenciario fue “jurídicamente improcedente” y que podría poner en riesgo las funciones propias de la institución.
“Se mostraron imágenes de internos que al parecer no querían ser filmados, así como del interior de los recintos y de algunas actividades privadas realizadas por aquellos; se dieron a conocer antecedentes penitenciarios de reclusos, efectuándose una constante mofa de estos”, detalló el ente fiscalizador, según consigna este sábado El Mercurio.
El matutino afirma que Contraloría acogió un requerimiento de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería (Ansog) y emitió un dictamen que establece que Gendarmería “no se ajustó a derecho al autorizar la grabación de los referidos programas de televisión”.
El documento también establece que no consta que los internos hayan dado su venia para ser grabados, que no se tomaron los resguardos necesarios para proteger su privacidad, que no existe fundamento para haber permitido el ingreso de personas a los establecimientos carcelarios y que la distracción de recursos humanos y materiales del organismo penitenciario fue “jurídicamente improcedente” y que podría poner en riesgo las funciones propias de la institución.
