En junio de 2016 el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, informó por oficio a la entonces Presidenta Michelle Bachelet, en que asegura que los gastos de instituciones públicas claves se informan “sin respaldo alguno”.

Según conocedores del proceso, en el caso de las instituciones castrenses, los comandantes en jefe de cada rama acuden a la oficina del contralor de turno con un sobre cerrado que en su interior trae la rendición –reservada y genérica– junto a una declaración jurada.

Dicho contenido, indicó el jefe de la Contraloría, es leído, luego archivado y tras ello se finaliza la revisión.

En el documento de dos páginas que tuvo acceso La Tercera, Bermúdez señaló que la rendición de esos gastos “carece de una aplicación práctica”, añadiendo que “la documentación proporcionada no puede, en rigor, ser considerada como una rendición de cuentas propiamente tal”, puesto que –precisa el texto- “considerando que los gastos se informan sin antecedentes de respaldo alguno que permita verificar su correcto uso”.

El oficio detalla la forma prevista en la Ley 19.863, promulgada en 2003, la que regula los gastos reservados de las FF.AA. y de otras nueve instituciones públicas: la Presidencia, el Ministerio del Interior, Cancillería, la Dirección de Fronteras y Límites del Estado, el Ministerio de Defensa, la Subsecretaría para las FF.AA., Carabineros, PDI y la Agencia Nacional de Inteligencia.

El contralor advirtió entonces que su repartición “debe limitarse a hacer fe del contenido de lo informado, careciendo de los medios para comprobar si los recursos asignados en cada caso han sido efectivamente invertidos en la forma en que la ley prevé”.

Todo eso, subrayó Bermúdez en su informe, lo hizo concluir que se trata de una normativa que “resulta completamente insuficiente”.

El documento agrega que el órgano fiscalizador de las instituciones del Estado no cumplió con la tarea de “examinar y, eventualmente, juzgar tales cuentas” ante el Ejecutivo.

Subraya también que “ello explica que, hasta la fecha, no se haya informado a la Presidencia de la República la opinión de este organismo de control respecto del destino otorgado a esos gastos. Lo anterior, toda vez que el mismo carece de información suficiente para emitir tal pronunciamiento”.

REFORMAS QUE NO SE HICIERON

La autoridad contralora también calificó la situación como una “debilidad normativa” y solicitó a la Jefa de Estado ponderar “una eventual modificación en términos de permitir el completo acceso de esta Contraloría a la documentación de respaldo de los gastos, sin perjuicio de mantener la obligación de guardar la debida reserva al respecto”.

Las advertencias de Jorge Bermúdez no se quedaron solo en ese oficio, sino que las reiteró en cinco comisiones, permanentes e investigadoras del Congreso durante 2017 y 2018.

En cada una el planteamiento fue el mismo: “Dentro de las debilidades de la institucionalidad pública que favorecen los actos de corrupción están los gastos reservados”. Además, en junio de 2017 envió al Congreso una propuesta para mejorar el sistema.

Un importante exfuncionario del Ministerio de Hacienda de la administración de Bachelet asegura que no hubo ninguna iniciativa que se haya evaluado para modificar la rendición de cuentas.

La misma fuente no recuerda que desde la cartera de Defensa se pidiera analizar algo así. Esta versión fue ratificada por un exfuncionario de esa repartición en el periodo pasado.

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