Luego de conocerse el martes que la Corte Suprema admitió a trámite la solicitud de la Cámara de Diputados para remover a la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, surgió la duda respecto a quién asumiría el costo de su defensa.

Según informa este jueves La Tercera, fue la propia directora quien planteó a sus pares la necesidad de que el INDH se haga cargo de los gastos de representación frente al proceso de remoción que ahora analizará el máximo tribunal.

De acuerdo con el estatuto administrativo de los funcionarios públicos, plantea en su artículo 90, que quienes “integran el Estado tendrán derecho, además, a ser defendidos y a exigir que la institución a que pertenezcan persiga la responsabilidad civil y criminal de las personas que atenten contra su vida o su integridad corporal, con motivo del desempeño de sus funciones, o que, por dicho motivo, los injurien o calumnien en cualquier forma”.

Sin embargo, de acuerdo con la visión de los trabajadores de dicho organismo, ellos no son funcionarios públicos, por lo que no corresponde que el INDH se haga cargo de la defensa de Contreras.

Es aquí cuando surge la alternativa de realizar una colecta para asumir el costo. Y en este sentido, existe un antecedente. En 2018, con motivo de la solicitud de remoción del exdirector Branislav Marelic, el INDH tampoco se hizo cargo de los gastos de representación para pagar la defensa, siendo los propios integrantes los que repartieron el gasto.

Distinto es el caso del consejero Francisco Ugás, quien fue acusado de aprobar la querella por tráfico de influencias, que surgió el caso Operación Topógrafo.

El funcionario del INDH tiene un representante privado que costea de su bolsillo. Y en la causa penal por prevaricación presentada por Mario Desbordes en contra de los consejeros Juan Carlos Cayo, el propio Ugás, Paula Salvo, Constanza Valdés, Haydee Oberreuter y Lieta Vivaldi, todos serán representados por la Defensoría Penal Pública (DPP), algo a lo que Consuelo Contreras se negó.