Sanciones más duras contra quienes agredan a profesionales que presten servicios en establecimientos educacionales y funcionarios de servicios de salud, aplicará la normativa que esta semana concluyó su trámite legislativo y fue despachada para su promulgación.
La denominada ley “Consultorio Seguro”, que surgió a partir del sentimiento de desprotección que dicen tener los trabajadores que se desempeñan en ambas áreas cuando son atacados por alumnos, apoderados, pacientes o familiares de éstos, casos que, a veces, quedan en la más absoluta impunidad.
“Estamos muy contentos, porque en un breve plazo hemos logrado un acuerdo y eso viene de la mano -tal como se logró la semana pasada- de un acuerdo nacional por la Paz y la Democracia”, destacó el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, tras la aprobación del articulado.
En concreto, el texto legal deja establecidas penas y multas para las personas que osen agredir a los profesionales de la educación o la salud, imponiendo a los jefes de los establecimientos la obligación de denunciar los delitos cometidos al interior de las instituciones.
Dentro de las medidas más drásticas establece una pena que puede llegar a presidio mayor en su grado medio (desde 10 años y un día a 15 años) si debido a las lesiones queda con daño severo que implica pérdida de autonomía.
Otra, precisa que habrá presidio medio a máximo (desde 541 días a cinco años), si el funcionario presenta enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de treinta días.
Asimismo, señala que el agresor puede ser multado o con la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, si causa lesiones leves que no se producen daño.
Cabe recordar en el ámbito de la salud, este año se han registrado más de 1.100 agresiones a funcionarios, es decir 5 diarias, en los diferentes establecimientos del país.
Por ello, la autoridad recordó que cuando se agrede a un funcionario de salud, se produce un daño no sólo a los trabajadores, sino que provocan problemas en la continuidad de la atención de salud, incitan a la renuncia del personal, ocasionando efectos para todo el sistema de atención de salud”.
Zúñoga relevó que esta ley se hizo de la mano con otras acciones que se están implementado y que responden al trabajo que viene realizando el Ministerio de Salud, junto con la Mesa de Seguridad Laboral, que integran los gremios de la salud, la Subsecretaria Prevención del Delito y la Asociación Chilena de Municipalidades, entre otros.
La denominada ley “Consultorio Seguro”, que surgió a partir del sentimiento de desprotección que dicen tener los trabajadores que se desempeñan en ambas áreas cuando son atacados por alumnos, apoderados, pacientes o familiares de éstos, casos que, a veces, quedan en la más absoluta impunidad.
“Estamos muy contentos, porque en un breve plazo hemos logrado un acuerdo y eso viene de la mano -tal como se logró la semana pasada- de un acuerdo nacional por la Paz y la Democracia”, destacó el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, tras la aprobación del articulado.
En concreto, el texto legal deja establecidas penas y multas para las personas que osen agredir a los profesionales de la educación o la salud, imponiendo a los jefes de los establecimientos la obligación de denunciar los delitos cometidos al interior de las instituciones.
Dentro de las medidas más drásticas establece una pena que puede llegar a presidio mayor en su grado medio (desde 10 años y un día a 15 años) si debido a las lesiones queda con daño severo que implica pérdida de autonomía.
Otra, precisa que habrá presidio medio a máximo (desde 541 días a cinco años), si el funcionario presenta enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de treinta días.
Asimismo, señala que el agresor puede ser multado o con la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, si causa lesiones leves que no se producen daño.
Cabe recordar en el ámbito de la salud, este año se han registrado más de 1.100 agresiones a funcionarios, es decir 5 diarias, en los diferentes establecimientos del país.
Por ello, la autoridad recordó que cuando se agrede a un funcionario de salud, se produce un daño no sólo a los trabajadores, sino que provocan problemas en la continuidad de la atención de salud, incitan a la renuncia del personal, ocasionando efectos para todo el sistema de atención de salud”.
Zúñoga relevó que esta ley se hizo de la mano con otras acciones que se están implementado y que responden al trabajo que viene realizando el Ministerio de Salud, junto con la Mesa de Seguridad Laboral, que integran los gremios de la salud, la Subsecretaria Prevención del Delito y la Asociación Chilena de Municipalidades, entre otros.
