La Corte de Apelaciones de Santiago condenó al fisco a pagar una indemnización de $50 millones a la hija del exdirector del Instituto de Desarrollo Agropecuario de Chillán Reinaldo Salvador Poseck Pedreros, detenido desaparecido desde octubre de 1973.
En fallo unánime, la Quinta Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Omar Astudillo, Jenny Book y Blanca Rojas- elevó la indemnización que había establecido en primera instancia el 12º Juzgado Civil de Santiago.
El fallo señala que según “los actos antes mencionados y, que provocaron la desaparición del padre de la demandante que afectaron gravemente a la actora, considerándose entonces, víctima por repercusión de violencia política vivida durante el periodo de la dictadura cívico-militar 1973-1990, caben dentro del concepto de delito de lesa humanidad”.
La resolución agrega que “en cuanto a la indemnización de perjuicios por daño moral, peticionado en el libelo pretensor, esta sentenciadora estima que se dan todos los presupuestos para acoger la demanda”.
Razonamiento que, en lo principal, refrendó el tribunal de alzada, que decidió que “en atención a que el paradero del padre de la demandante continúa siendo desconocido hasta el día de hoy, por lo que el daño moral en que funda su demanda ha continuado produciendo aflicción y dolor, se justifica elevar el monto de la indemnización”.
De esta manera se revocó la sentencia del 12º Juzgado Civil de Santiago del 4 de junio de 2019, que solo condenó en costas al demandado, y confirmó el pago de $50 millones en calidad de indemnización por parte del fisco a la demandante.
En fallo unánime, la Quinta Sala del tribunal de alzada -integrada por los ministros Omar Astudillo, Jenny Book y Blanca Rojas- elevó la indemnización que había establecido en primera instancia el 12º Juzgado Civil de Santiago.
El fallo señala que según “los actos antes mencionados y, que provocaron la desaparición del padre de la demandante que afectaron gravemente a la actora, considerándose entonces, víctima por repercusión de violencia política vivida durante el periodo de la dictadura cívico-militar 1973-1990, caben dentro del concepto de delito de lesa humanidad”.
La resolución agrega que “en cuanto a la indemnización de perjuicios por daño moral, peticionado en el libelo pretensor, esta sentenciadora estima que se dan todos los presupuestos para acoger la demanda”.
Razonamiento que, en lo principal, refrendó el tribunal de alzada, que decidió que “en atención a que el paradero del padre de la demandante continúa siendo desconocido hasta el día de hoy, por lo que el daño moral en que funda su demanda ha continuado produciendo aflicción y dolor, se justifica elevar el monto de la indemnización”.
De esta manera se revocó la sentencia del 12º Juzgado Civil de Santiago del 4 de junio de 2019, que solo condenó en costas al demandado, y confirmó el pago de $50 millones en calidad de indemnización por parte del fisco a la demandante.
