El Primer Tribunal de Oral de Santiago declaró culpable a Rakesh Arora, dueño del restaurante “Joya de la India” de Providencia, como autor del delito de trata de personas. Las víctimas son 4 inmigrantes indios traídos a Chile por el condenado para trabajar en su local.
El juicio oral se desarrolló durante 5 semanas, y aunque las víctimas ya no están en el país, pues retornaron a India el año 2013, resultó fundamental que el tribunal conociera sus testimonios mediante entrevistas videograbadas realizadas con anterioridad por la Fiscalía Metropolitana Occidente.
Este caso se inició a partir del conocimiento que tomó la Brigada de Trata de Personas de la PDI, luego de que parte de las víctimas concurriera a la Inspección del Trabajo sin documentos de identificación ni manejar el idioma.
Con la mediación de traductores, se pudo establecer que Rakesh Arora contactó a los afectados en India con la promesa de trabajar en Chile como maestros de cocina, en condiciones muy distintas a la que en la práctica se dieron en el país.
Durante el juicio se estableció que el empresario retuvo los pasaportes de los afectados, no cumplió con los compromisos de habitabilidad e inicialmente les descontó los costos de su traslado al país, para luego – a propósito de los gastos médicos por enfermedad de dos de ellos- informarles que deberían trabajar gratis para él.
Otro de los aspectos que llamaron la atención de las declaraciones de las víctimas fue su relato de que para saludar a Arora, debían agacharse y tocarle los pies, situación que, explicada en el contexto cultural, importaba un menosprecio a los trabajadores.
Estos elementos, junto a otros medios de prueba como escuchas telefónicas captadas en la etapa investigativa, permitieron al tribunal establecer que Arora modificó gravemente las condiciones de trabajo de las víctimas, afectó la libertad ambulatoria de los trabajadores e impuso condiciones excesivas de trabajo, con largas jornadas laborales.
Las víctimas de este caso regresaron a su país de origen en septiembre de 2013. “Los retornos de los ciudadanos indios, su estadía entre mayo y septiembre de 2013, fueron financiados por el Ministerio Público como una medida de protección”, explicó la fiscalía.
Por su parte, el fiscal regional Metropolitano Occidente, José Luis Pérez Calaf, destacó que el equipo investigador “se desplegó en dos ámbitos que son de gran relevancia para nuestra institución: la atención y protección a las víctimas y, por otro, la coordinación entre los organismos del Estado, como la Inspección del Trabajo, y la PDI, entre otras, que aportaron pruebas de calidad que más tarde se sustentaron en el juicio oral”.
La audiencia en que se comunicará la pena que deberá cumplir el condenado se realizará el próximo 22 de enero, a las 15 horas.
El juicio oral se desarrolló durante 5 semanas, y aunque las víctimas ya no están en el país, pues retornaron a India el año 2013, resultó fundamental que el tribunal conociera sus testimonios mediante entrevistas videograbadas realizadas con anterioridad por la Fiscalía Metropolitana Occidente.
Este caso se inició a partir del conocimiento que tomó la Brigada de Trata de Personas de la PDI, luego de que parte de las víctimas concurriera a la Inspección del Trabajo sin documentos de identificación ni manejar el idioma.
Con la mediación de traductores, se pudo establecer que Rakesh Arora contactó a los afectados en India con la promesa de trabajar en Chile como maestros de cocina, en condiciones muy distintas a la que en la práctica se dieron en el país.
Durante el juicio se estableció que el empresario retuvo los pasaportes de los afectados, no cumplió con los compromisos de habitabilidad e inicialmente les descontó los costos de su traslado al país, para luego – a propósito de los gastos médicos por enfermedad de dos de ellos- informarles que deberían trabajar gratis para él.
Otro de los aspectos que llamaron la atención de las declaraciones de las víctimas fue su relato de que para saludar a Arora, debían agacharse y tocarle los pies, situación que, explicada en el contexto cultural, importaba un menosprecio a los trabajadores.
Estos elementos, junto a otros medios de prueba como escuchas telefónicas captadas en la etapa investigativa, permitieron al tribunal establecer que Arora modificó gravemente las condiciones de trabajo de las víctimas, afectó la libertad ambulatoria de los trabajadores e impuso condiciones excesivas de trabajo, con largas jornadas laborales.
Las víctimas de este caso regresaron a su país de origen en septiembre de 2013. “Los retornos de los ciudadanos indios, su estadía entre mayo y septiembre de 2013, fueron financiados por el Ministerio Público como una medida de protección”, explicó la fiscalía.
Por su parte, el fiscal regional Metropolitano Occidente, José Luis Pérez Calaf, destacó que el equipo investigador “se desplegó en dos ámbitos que son de gran relevancia para nuestra institución: la atención y protección a las víctimas y, por otro, la coordinación entre los organismos del Estado, como la Inspección del Trabajo, y la PDI, entre otras, que aportaron pruebas de calidad que más tarde se sustentaron en el juicio oral”.
La audiencia en que se comunicará la pena que deberá cumplir el condenado se realizará el próximo 22 de enero, a las 15 horas.
