El Primer Tribunal Oral de Santiago condenó a una pena de tres años y un día, con el beneficio de libertad vigilada, al dueño del restaurante la “Joya de India”, Rakesh Arora, como autor del delito de trata de personas, respecto de cuatro inmigrantes de nacionalidad india traídos al país por el acusado para trabajar en su restaurante.
Este juicio oral se desarrolló sin la presencia de las víctimas, ya que éstas retornaron a India el año 2013, tras permanecer algunos meses bajo la protección de la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía Regional.
Sin embargo, todos ellos entregaron su testimonio antes del juicio en una audiencia especial realizada ante un juez de garantía, donde entregaron su versión de los hechos vividos, relatos que quedaron grabados en video y que se exhibieron durante el juicio oral.
Según se informó en el proceso, los ciudadanos indios concurrieron hasta la Inspección del Trabajo para denunciar la situación y se debió recurrir a traductores para poder comprender la denuncia. En este sentido, se indicó que Arora contrató a los afectados como maestros de cocina bajo condiciones laborales que no fueron cumplidas por el empresario gastronómico.
Durante el juicio se estableció que el empresario retuvo los pasaportes de los afectados, no cumplió con los compromisos de habitabilidad e inicialmente les descontó los costos de su traslado al país, para luego –a propósito de los gastos médicos por enfermedad de dos de ellos- informarles que deberían trabajar gratis para él.
Estos elementos, junto a otros medios de prueba como escuchas telefónicas captadas en la etapa investigativa, permitieron al tribunal establecer que Arora modificó gravemente las condiciones de trabajo de las víctimas, afectó la libertad ambulatoria de los trabajadores e impuso condiciones excesivas de trabajo, con largas jornadas laborales.
Este juicio oral se desarrolló sin la presencia de las víctimas, ya que éstas retornaron a India el año 2013, tras permanecer algunos meses bajo la protección de la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía Regional.
Sin embargo, todos ellos entregaron su testimonio antes del juicio en una audiencia especial realizada ante un juez de garantía, donde entregaron su versión de los hechos vividos, relatos que quedaron grabados en video y que se exhibieron durante el juicio oral.
Según se informó en el proceso, los ciudadanos indios concurrieron hasta la Inspección del Trabajo para denunciar la situación y se debió recurrir a traductores para poder comprender la denuncia. En este sentido, se indicó que Arora contrató a los afectados como maestros de cocina bajo condiciones laborales que no fueron cumplidas por el empresario gastronómico.
Durante el juicio se estableció que el empresario retuvo los pasaportes de los afectados, no cumplió con los compromisos de habitabilidad e inicialmente les descontó los costos de su traslado al país, para luego –a propósito de los gastos médicos por enfermedad de dos de ellos- informarles que deberían trabajar gratis para él.
Estos elementos, junto a otros medios de prueba como escuchas telefónicas captadas en la etapa investigativa, permitieron al tribunal establecer que Arora modificó gravemente las condiciones de trabajo de las víctimas, afectó la libertad ambulatoria de los trabajadores e impuso condiciones excesivas de trabajo, con largas jornadas laborales.
