Hasta la Contraloría General de la República concurrió la dirección de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) de la región de Aysén, con el fin de solicitar un pronunciamiento del organismo ante la posible intervención de la reserva nacional Jeinimeni.

Lo anterior, luego de la decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) que aprobó la construcción de una torre de telefonía de 30 metros en el área de Lago Tranquilo/Las Horquetas (paso Las Llaves), al interior de dicha área silvestre protegida, iniciativa que contemplaría una intervención de unos 400 metros cuadrados, de los cuales 245 serían obras permanentes.

El proyecto ingresó en noviembre de 2016 como declaración de impacto ambiental, a pesar que el artículo 11 de la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente obliga a la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental para toda actividad localizada en o próxima a “poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar”.

En su pronunciamiento definitivo Conaf, en su calidad de órgano administrador del terreno fiscal, observó que el proyecto le daría “un uso distinto a una porción de esta área silvestre protegida” por lo cual “la actividad propuesta a realizar está fuera de los fines para los cuales son creadas las reservas nacionales”, contraviniendo expresamente lo dispuesto tanto en la legislación sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado como en la Ley de Bosques.

En este sentido, explicaron que la única forma de intervenir un territorio protegido para fines distintos al instituido por la norma es solicitar su desafectación.

A pesar de este planteamiento, que apunta a la ilegalidad de la iniciativa impulsada por Movistar, el 27 de junio la CEA aprobó el proyecto.

El director regional de Conaf, Leonardo Yáñez, el 5 de julio envió un oficio cuestionando la aprobación de la antena, explicando que “si bien el proyecto a que se hace referencia está aprobado ambientalmente, nos queda la duda respecto a los procedimientos administrativos que involucran a entidades del Estado de Chile y que obviamente tiene consecuencias futuras”.

“En tal sentido, esta institución alerta respecto a los procedimientos que corresponde seguir a futuro. Además en este caso específico, se trata de una empresa privada, que persigue intereses distintos al de un área silvestre protegida del Estado (ASPE)”, añadió.

Este párrafo, en particular, apunta a que de permitirse que vía declaración se realicen en áreas silvestres protegidas proyectos incoherentes con sus finalidades, se abre la puerta a todo tipo de intervenciones futuras en territorios que el Estado ha decidido cautelar.

Por ello el servicio informó que en su opinión no cuenta con “facultades ni la autoridad para admitir que se le dé a un bien público un uso diferente al definido por la legislación vigente y aplicable a las ASPE, y destinado por la Nación a través del Estado”. Por ello, mientras no exista un pronunciamiento de la Contraloría, Conaf “no autorizará tales faenas”.

La reserva nacional Jeinimeni es una de las áreas protegidas que integrarían el futuro Parque Nacional Patagonia, compromiso presidencial.