La masiva marcha convocada por el Colegio de Profesores recorrió este miércoles la Alameda, para exigirle al Gobierno que retome las negociaciones a un mes de la paralización que mantiene sin clases a varios establecimientos del país, en reclamo de mejoras laborales y en el sistema educativo.
En la movilización participaron también estudiantes y padres que igualmente pidieron a las autoridades volver al diálogo, luego de que el Magisterio rechazara en un 75% la propuesta de nueve de los doce puntos del petitorio consensuados con el ministerio de Educación.
Al final de la manifestación, un grupo de encapuchados se enfrentó a la Policía que los dispersó con agua y gases lacrimógenos, resultado un carabinero con quemaduras tras ser impactado por una bomba molotov.
La ministra de Educación, Marcela Cubillos, había dicho después de que rechazaran su oferta que no se reuniría con los maestros hasta que dieran por terminada la huelga, dejando en la incertidumbre a unos 600.000 estudiantes de la educación pública afectados por la protesta.
“Que el gobierno escuche: estamos disponibles a dialogar, a reanudar las conversaciones, pero es el gobierno (el) que está cerrado a negociar”, dijo durante la marcha el presidente del Colegio de Profesores de Chile, Mario Aguilar.
Los docentes se quejan que el Ejecutivo no respondió a tres de sus principales demandas: pago de un bono para profesores de educación diferencial; la cancelación de una reforma al plan de estudios de secundaria anunciado por el gobierno; y el pago de una deuda que consideran histórica y que la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) contrajo con ellos cuando municipalizó la educación chilena y reajustó el 90% del sueldo básico, pero nunca se hizo efectivo.
“El gobierno debe hacerse cargo de problemas en la educación pública que se arrastran por años”, dijo Rodrigo Pérez, dirigente de escolares de secundaria.
La educación pública chilena es objeto desde hace más de una década de protestas masivas, que estallaron en 2006 con la “Revolución de los Pingüinos”, llamada así por el uniforme de chaqueta azul y camisa blanca de los escolares que pedían la eliminación de la ley que traspasó la administración de los colegios a los municipios.
En la movilización participaron también estudiantes y padres que igualmente pidieron a las autoridades volver al diálogo, luego de que el Magisterio rechazara en un 75% la propuesta de nueve de los doce puntos del petitorio consensuados con el ministerio de Educación.
Al final de la manifestación, un grupo de encapuchados se enfrentó a la Policía que los dispersó con agua y gases lacrimógenos, resultado un carabinero con quemaduras tras ser impactado por una bomba molotov.
La ministra de Educación, Marcela Cubillos, había dicho después de que rechazaran su oferta que no se reuniría con los maestros hasta que dieran por terminada la huelga, dejando en la incertidumbre a unos 600.000 estudiantes de la educación pública afectados por la protesta.
“Que el gobierno escuche: estamos disponibles a dialogar, a reanudar las conversaciones, pero es el gobierno (el) que está cerrado a negociar”, dijo durante la marcha el presidente del Colegio de Profesores de Chile, Mario Aguilar.
Los docentes se quejan que el Ejecutivo no respondió a tres de sus principales demandas: pago de un bono para profesores de educación diferencial; la cancelación de una reforma al plan de estudios de secundaria anunciado por el gobierno; y el pago de una deuda que consideran histórica y que la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) contrajo con ellos cuando municipalizó la educación chilena y reajustó el 90% del sueldo básico, pero nunca se hizo efectivo.
“El gobierno debe hacerse cargo de problemas en la educación pública que se arrastran por años”, dijo Rodrigo Pérez, dirigente de escolares de secundaria.
La educación pública chilena es objeto desde hace más de una década de protestas masivas, que estallaron en 2006 con la “Revolución de los Pingüinos”, llamada así por el uniforme de chaqueta azul y camisa blanca de los escolares que pedían la eliminación de la ley que traspasó la administración de los colegios a los municipios.
