La comisión que investiga el Caso Convenios en la Cámara de Diputados aprobó enviar un cuestionario de 17 preguntas al Presidente Gabriel Boric, a pesar la negativa de los diputados Juan Fuenzalida (UDI), Ericka Ñanco (RD) y Mercedes Bulnes (Ind.-FA), quienes dijeron que se trataría de algo “absolutamente inconstitucional” ya que “no se permite oficiar al Presidente de la República”.

Las 17 preguntas fueron realizadas por el presidente de la instancia, José Miguel Castro (RN), Juan Carlos Beltrán (RN) y Rubén Oyarzo (PDG), quienes le solicitaron al Jefe de Estado señalar el día y la hora en la que se enteró del caso de Democracia Viva y/o de la participación de funcionarios estatales y/o militantes de Revolución Democrática (RD) en las transferencias a la fundación.

En la misma línea, se le pidió al Mandatario mencionar si al ser informado preguntó quién más estaba al tanto, y de haber sido así, estipular de quienes se trataba y también detallar quien fue la persona que le comunicó sobre las transferencias a la Fundación Democracia Viva, exactamente en qué lugar se encontraba y quiénes acompañaban a quien le comunicó la noticia.

También se aprobó enviar un cuestionario con 9 preguntas al exministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson. No obstante, se rechazó hacer lo mismo con el expresidente Sebastián Piñera, con votos en contra de los diputados Bulnes (Ind.-FA), Fuenzalida (UDI), Juan Antonio Coloma (UDI) y la abstención de Carolina Tello (PC).

Las medidas fueron tomadas luego de que el jefe de asesores de la Presidencia de la República, Miguel Crispi, no arribara a la reunión programada para este lunes en la comisión que se realiza en la Cámara Baja.

Al respecto, Castro (RN),detalló este lunes que Crispi avisó que no llegaría 30 minutos después de que comenzó la sesión, e indicó que fue invitado el pasado viernes.

En vista de la poca antelación de la cita esta se reagendó, y el jefe de asesores de La Moneda tendrá que llegar hasta el Congreso el próximo 12 de octubre. De no concurrir, Castro aseveró que se remitirán los antecedentes a la Contraloría, ya que se trata de una falta de un funcionario público.