Por 96 votos a favor y 14 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles una comisión investigadora que se aboque a analizar la situación que enfrenta la Corte de Apelaciones de Rancagua.
El rol de la instancia será indagar los actos del ministerio de Justicia y del Gobierno, en el ejercicio de la función constitucional del Presidente de la República de velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados judiciales.
En el requerimiento, impulsado por 86 diputados y diputadas, se recuerda que la opinión pública ha tomado conocimiento que varios ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua estarían involucrados en presuntos hechos de corrupción.
De ser comprobados, añade, revestirían una situación grave, tanto para el Poder Judicial en su conjunto, como para el ejercicio de la función jurisdiccional y la debida administración de justicia.
La instancia parlamentaria deberá fiscalizar los actos del Gobierno y, en particular, del ministerio de Justicia, que se hayan dictado con la finalidad de dar cumplimiento a su función constitucional y legal de velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial, correspondientes a la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Rancagua o, en su caso, de la omisión que se haya hecho, con pleno resguardo de las facultades de los tribunales superiores de justicia.
Asimismo, el grupo parlamentario deberá fiscalizar los actos ejecutados por el Ejecutivo por intermedio del ministerio de Justicia, en sus funciones relacionadas con los nombramientos de los funcionarios del Poder Judicial, en los que les haya correspondido intervenir.
También se deberá indagar sobre los actos del Gobierno y de la citada cartera relacionados con la recepción, tramitación y resolución de denuncias que haya recibido el ministerio relacionadas con eventuales irregularidades en el comportamiento de los magistrados y demás empleados del Poder Judicial de la Región de O’Higgins.
Para el cumplimiento de su propósito, la comisión deberá rendir su informe en un plazo no superior a 90 días y para el desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.
https://lanacion.cl/2019/04/17/pleno-de-corte-suprema-desecho-remocion-definitiva-de-jueces-de-rancagua/
El rol de la instancia será indagar los actos del ministerio de Justicia y del Gobierno, en el ejercicio de la función constitucional del Presidente de la República de velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados judiciales.
En el requerimiento, impulsado por 86 diputados y diputadas, se recuerda que la opinión pública ha tomado conocimiento que varios ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua estarían involucrados en presuntos hechos de corrupción.
De ser comprobados, añade, revestirían una situación grave, tanto para el Poder Judicial en su conjunto, como para el ejercicio de la función jurisdiccional y la debida administración de justicia.
La instancia parlamentaria deberá fiscalizar los actos del Gobierno y, en particular, del ministerio de Justicia, que se hayan dictado con la finalidad de dar cumplimiento a su función constitucional y legal de velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial, correspondientes a la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Rancagua o, en su caso, de la omisión que se haya hecho, con pleno resguardo de las facultades de los tribunales superiores de justicia.
Asimismo, el grupo parlamentario deberá fiscalizar los actos ejecutados por el Ejecutivo por intermedio del ministerio de Justicia, en sus funciones relacionadas con los nombramientos de los funcionarios del Poder Judicial, en los que les haya correspondido intervenir.
También se deberá indagar sobre los actos del Gobierno y de la citada cartera relacionados con la recepción, tramitación y resolución de denuncias que haya recibido el ministerio relacionadas con eventuales irregularidades en el comportamiento de los magistrados y demás empleados del Poder Judicial de la Región de O’Higgins.
Para el cumplimiento de su propósito, la comisión deberá rendir su informe en un plazo no superior a 90 días y para el desempeño del mandato podrá constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.
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