La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares de protección a favor de Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino de Venezuela, por considerar que su vida e integridad física corren peligro “en un contexto de gran algidez política”.
La CIDH, ente autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), informó que solicitó a las instituciones nacionales de Venezuela que protejan los derechos de Guaidó, “la figura más visible de oposición”, y de su familia, y garanticen su seguridad en un contexto de multitudinaria movilización social, “donde ya se han producido hechos de violencia”, y “el beneficiario fue objeto de una detención temporal” por funcionarios del servicio de inteligencia el pasado 13 de enero.
Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, se comprometió el miércoles ante una multitud de seguidores en Caracas a seguir el mandato de la Constitución y encabezar un gobierno de transición que organice nuevas elecciones y saque del poder al mandatario Nicolás Maduro, cuyo segundo periodo iniciado el 10 de enero considera “ilegítimo”.
“Dado el perfil que tiene el señor Guaidó en el presente momento, la Comisión consideró que enfrentaría una mayor situación de vulnerabilidad o riesgo a ser posible blanco de ataques”, dijo la CIDH al fundamentar su decisión.
Guaidó fue detenido hace trece días a plena luz del día cuando viajaba por una autopista, interceptado por dos camionetas con agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), encapuchados y con armas largas.
El gobierno de Maduro se desmarcó del episodio, asegurando que fue una acción “unilateral” de los agentes.
El arresto ocurrió luego de que días antes Guaidó se dijera dispuesto a llenar el vacío de poder que a su juicio existe en el país, porque Maduro inició un segundo mandato de seis años tras elecciones que la oposición y medio centenar de países consideran fraudulentas.
Más temprano el viernes, la CIDH urgió al gobierno de Maduro a “cesar la represión”, al condenar las muertes ocurridas esta semana en las manifestaciones opositoras y denunciar ataques a la libre expresión en el país.
La crisis política en Venezuela se agudizó esta semana con un alzamiento de militares el lunes, que desató protestas callejeras en todo el país.
Las manifestaciones dejaron hasta ahora 26 muertos, decenas de heridos y 369 detenidos, dijo la CIDH, al denunciar “allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, estigmatización y persecución de las personas opositoras”.
“En varios de estos hechos se denuncia la participación de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), y grupos de civiles armados”, precisó.
La Comisión dijo además que “la libertad de expresión en Venezuela se encuentra gravemente restringida”.
El ente anunció también que instaló una Sala de Coordinación para Respuestas Oportunas e Integradas (SACROI) para dar seguimiento a la situación en Venezuela.
La CIDH, ente autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), informó que solicitó a las instituciones nacionales de Venezuela que protejan los derechos de Guaidó, “la figura más visible de oposición”, y de su familia, y garanticen su seguridad en un contexto de multitudinaria movilización social, “donde ya se han producido hechos de violencia”, y “el beneficiario fue objeto de una detención temporal” por funcionarios del servicio de inteligencia el pasado 13 de enero.
Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, se comprometió el miércoles ante una multitud de seguidores en Caracas a seguir el mandato de la Constitución y encabezar un gobierno de transición que organice nuevas elecciones y saque del poder al mandatario Nicolás Maduro, cuyo segundo periodo iniciado el 10 de enero considera “ilegítimo”.
“Dado el perfil que tiene el señor Guaidó en el presente momento, la Comisión consideró que enfrentaría una mayor situación de vulnerabilidad o riesgo a ser posible blanco de ataques”, dijo la CIDH al fundamentar su decisión.
Guaidó fue detenido hace trece días a plena luz del día cuando viajaba por una autopista, interceptado por dos camionetas con agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), encapuchados y con armas largas.
El gobierno de Maduro se desmarcó del episodio, asegurando que fue una acción “unilateral” de los agentes.
El arresto ocurrió luego de que días antes Guaidó se dijera dispuesto a llenar el vacío de poder que a su juicio existe en el país, porque Maduro inició un segundo mandato de seis años tras elecciones que la oposición y medio centenar de países consideran fraudulentas.
Más temprano el viernes, la CIDH urgió al gobierno de Maduro a “cesar la represión”, al condenar las muertes ocurridas esta semana en las manifestaciones opositoras y denunciar ataques a la libre expresión en el país.
La crisis política en Venezuela se agudizó esta semana con un alzamiento de militares el lunes, que desató protestas callejeras en todo el país.
Las manifestaciones dejaron hasta ahora 26 muertos, decenas de heridos y 369 detenidos, dijo la CIDH, al denunciar “allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, estigmatización y persecución de las personas opositoras”.
“En varios de estos hechos se denuncia la participación de la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, las Fuerzas de Acción Especiales (FAES), y grupos de civiles armados”, precisó.
La Comisión dijo además que “la libertad de expresión en Venezuela se encuentra gravemente restringida”.
El ente anunció también que instaló una Sala de Coordinación para Respuestas Oportunas e Integradas (SACROI) para dar seguimiento a la situación en Venezuela.
