Con 12 votos a favor y uno en contra, la comisión de Transporte de la Cámara de Diputados aprobó la creación de un registro de evasores del Transantiago y el aumento de las penas por no pagar el pasaje.
El artículo sobre el registro de deudores en los juzgados fue el que generó mayor polémica, ya que según organizaciones defensoras de la privacidad de los datos, podría generar que los evasores sean estigmatizados o se les nieguen créditos. Este argumento motivó el voto contrario del diputado Giorgio Jackson.
Para calmar la polémica, se aprobó una nueva indicación que establece que la base de evasores puede ser consultada un máximo de ocho veces al año por una persona y a través de una solicitud de transparencia. Además se aprobó que los infractores reiterados no puedan renovar su licencia de conducir ni pedir devolución de impuestos.
El el académico y experto en Transporte de la Universidad Mayor, Hernán Silva, señaló a La Nación que la medida no le parece adecuada para disminuir la evasión “teniendo en consideración quienes son las personas principalmente afectadas. La evasión es un fenómeno que tiene que trabajarse desde el punto de vista de las ciencias sociales. Es un problema social y económico que esta asociado a personas de bajos ingresos principalmente y socialmente muy vulnerables”.
El experto considera que la evasión debe combatirse con otro tipo de herramientas, como expertos en áreas sociales, pero que el registro de evasores lo que va a lograr es “seguir estigmatizando y dañando socialmente a las personas mas vulnerables“.
“La gente cautiva del transporte público es la gente de menores ingresos y que vive muy lejos de sus lugares de trabajo o estudio. Por lo tanto ellos no tienen alternativa. De alguna manera sería un estigma social atraer una medida que técnicamente podría funcionar pero socialmente no”.
El artículo sobre el registro de deudores en los juzgados fue el que generó mayor polémica, ya que según organizaciones defensoras de la privacidad de los datos, podría generar que los evasores sean estigmatizados o se les nieguen créditos. Este argumento motivó el voto contrario del diputado Giorgio Jackson.
Para calmar la polémica, se aprobó una nueva indicación que establece que la base de evasores puede ser consultada un máximo de ocho veces al año por una persona y a través de una solicitud de transparencia. Además se aprobó que los infractores reiterados no puedan renovar su licencia de conducir ni pedir devolución de impuestos.
El el académico y experto en Transporte de la Universidad Mayor, Hernán Silva, señaló a La Nación que la medida no le parece adecuada para disminuir la evasión “teniendo en consideración quienes son las personas principalmente afectadas. La evasión es un fenómeno que tiene que trabajarse desde el punto de vista de las ciencias sociales. Es un problema social y económico que esta asociado a personas de bajos ingresos principalmente y socialmente muy vulnerables”.
El experto considera que la evasión debe combatirse con otro tipo de herramientas, como expertos en áreas sociales, pero que el registro de evasores lo que va a lograr es “seguir estigmatizando y dañando socialmente a las personas mas vulnerables“.
“La gente cautiva del transporte público es la gente de menores ingresos y que vive muy lejos de sus lugares de trabajo o estudio. Por lo tanto ellos no tienen alternativa. De alguna manera sería un estigma social atraer una medida que técnicamente podría funcionar pero socialmente no”.
