La comisión de diputados que investigó la administración provisional de la Universidad Arcis, junto con la actuación de organismos públicos relacionados, votó las conclusiones y calificó el accionar del administrador provisional Patricio Velasco, nombrado por el Ministerio de Educación, como un mal proceso.
La comisión surgió luego de la crisis financiera de la casa de estudios y de las graves consecuencias para miles de sus estudiantes. Su objetivo era revisar el proceso de administración provisional y la actuación de los organismos públicos respecto al cierre del plantel.
Fueron casi siete meses de trabajo donde se recibió la opinión los alumnos de Arcis, funcionarios, el administrador provisional del plantel, autoridades y expertos tributarios.
El presidente de la comisión investigadora, diputado Diego Paulsen (RN), explicó que “hubo dos votaciones separadas. Una de ellas hacía alusión a la propuesta que hacía yo como presidente de la comisión, donde establecía que a mi juicio había existido un actuar negligente por parte del Servicio de Impuestos Internos, lo que podría haber causado un perjuicio fiscal al Estado, porque la operación de Bandes por 9 millones de dólares que entra a Nazareno y a Ical no termina siendo un crédito, sino que más bien una donación, y esa donación no pagó los impuestos que correspondían”.
Adicionalmente, sostuvo que se votó el actuar del administrador en su periodo dentro de la universidad, “donde yo tuve el voto de minoría. A mi juicio, el administrador hizo lo que estuvo a su alcance, lo que fue humanamente posible en una universidad que ya no tenía ningún futuro económico, ni menos por el número de matrículas que existían”.
Finalmente, la comisión logró un informe de consenso, que plantea que se debe mejorar urgentemente la Ley 20.800, sobre las facultades del administrador provisional, explicó la diputada Camila Vallejo (PC).
La legisladora explicó que “el administrador todavía es una figura muy débil para salvar una institución de educación superior. No maneja recursos, o sea, los únicos recursos que maneja son de la institución y cuando la institución está en crisis financiera, muy difícilmente puede ayudar usando los recursos que más bien están escaseando”.
Añadió que ahí la propuesta es “que el Ministerio de Educación o el gobierno destine fondos para poder administrar adecuadamente y salvar la institución, que es el objetivo principal, resguardando el derecho de educación de los estudiantes”.
También sostuvo que se genera una incompatibilidad entre la Ley 20.800 y la Ley de Quiebras. “Cuando se decreta el proceso de liquidación, a solicitud de un acreedor de la Universidad Arcis, empieza a colisionar directamente con el administrador provisional y empieza ahí ya a decretarse el proceso de cierre de la institución”.
El informe que contiene las conclusiones y propuestas de la comisión investigadora será entregado a la sala por el diputado Paulsen.
La comisión surgió luego de la crisis financiera de la casa de estudios y de las graves consecuencias para miles de sus estudiantes. Su objetivo era revisar el proceso de administración provisional y la actuación de los organismos públicos respecto al cierre del plantel.
Fueron casi siete meses de trabajo donde se recibió la opinión los alumnos de Arcis, funcionarios, el administrador provisional del plantel, autoridades y expertos tributarios.
El presidente de la comisión investigadora, diputado Diego Paulsen (RN), explicó que “hubo dos votaciones separadas. Una de ellas hacía alusión a la propuesta que hacía yo como presidente de la comisión, donde establecía que a mi juicio había existido un actuar negligente por parte del Servicio de Impuestos Internos, lo que podría haber causado un perjuicio fiscal al Estado, porque la operación de Bandes por 9 millones de dólares que entra a Nazareno y a Ical no termina siendo un crédito, sino que más bien una donación, y esa donación no pagó los impuestos que correspondían”.
Adicionalmente, sostuvo que se votó el actuar del administrador en su periodo dentro de la universidad, “donde yo tuve el voto de minoría. A mi juicio, el administrador hizo lo que estuvo a su alcance, lo que fue humanamente posible en una universidad que ya no tenía ningún futuro económico, ni menos por el número de matrículas que existían”.
Finalmente, la comisión logró un informe de consenso, que plantea que se debe mejorar urgentemente la Ley 20.800, sobre las facultades del administrador provisional, explicó la diputada Camila Vallejo (PC).
La legisladora explicó que “el administrador todavía es una figura muy débil para salvar una institución de educación superior. No maneja recursos, o sea, los únicos recursos que maneja son de la institución y cuando la institución está en crisis financiera, muy difícilmente puede ayudar usando los recursos que más bien están escaseando”.
Añadió que ahí la propuesta es “que el Ministerio de Educación o el gobierno destine fondos para poder administrar adecuadamente y salvar la institución, que es el objetivo principal, resguardando el derecho de educación de los estudiantes”.
También sostuvo que se genera una incompatibilidad entre la Ley 20.800 y la Ley de Quiebras. “Cuando se decreta el proceso de liquidación, a solicitud de un acreedor de la Universidad Arcis, empieza a colisionar directamente con el administrador provisional y empieza ahí ya a decretarse el proceso de cierre de la institución”.
El informe que contiene las conclusiones y propuestas de la comisión investigadora será entregado a la sala por el diputado Paulsen.
