Este lunes la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó una multa de 350 UTM ($16.342.550) aplicadas por el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) a Chilevisión por violar la dignidad de los internos en centros de reclusión, en el programa “Alerta Máxima: tras las rejas”.
En fallo unánime, la Primera Sala del Tribunal de alzada ratificó la sanción por la exhibición del docureality “Alerta Máxima: tras las rejas” el 8 de septiembre de 2016, programa que realizó burlas y mofas a diversos internos.
La sentencia confirma la resolución del CNTV consideró que se vulneró la dignidad humana de las personas privadas de libertad que además se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema, asegurando que “la transmisión cuestionada no se ha ajustado al correcto funcionamiento del servicio, al no haber respetado la dignidad de las personas internas en establecimientos penitenciarios”, según consignó El Dínamo.
El fallo, asimismo, descartó un eventual consentimiento de los internos para la exhibición de las imágenes: “No debe confundirse el mal gusto de una producción con un atentado a la dignidad de las personas, olvidando que la vulgaridad y el referido mal gusto también son medios idóneos para denigrar la condición de las personas, en este caso, privadas de libertad”.
En este caso también intervino el Instituto Nacional de Derechos Humanos, organismo que presentó la denuncia ante el Consejo Nacional de Televisión.
En fallo unánime, la Primera Sala del Tribunal de alzada ratificó la sanción por la exhibición del docureality “Alerta Máxima: tras las rejas” el 8 de septiembre de 2016, programa que realizó burlas y mofas a diversos internos.
La sentencia confirma la resolución del CNTV consideró que se vulneró la dignidad humana de las personas privadas de libertad que además se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema, asegurando que “la transmisión cuestionada no se ha ajustado al correcto funcionamiento del servicio, al no haber respetado la dignidad de las personas internas en establecimientos penitenciarios”, según consignó El Dínamo.
El fallo, asimismo, descartó un eventual consentimiento de los internos para la exhibición de las imágenes: “No debe confundirse el mal gusto de una producción con un atentado a la dignidad de las personas, olvidando que la vulgaridad y el referido mal gusto también son medios idóneos para denigrar la condición de las personas, en este caso, privadas de libertad”.
En este caso también intervino el Instituto Nacional de Derechos Humanos, organismo que presentó la denuncia ante el Consejo Nacional de Televisión.
