El informe presentado por la Comisión Nacional de Energía (CNE) donde se anunció una importante alza en las cuentas de la luz, también incluyó otros indicadores preocupantes, los que apuntan a millonarias deudas de los clientes con las empresas generadoras.

Según consiga El Mercurio, en el reporte se indica que a la fecha se debe en torno a US$ 800 millones a estas empresas, las que no han podido acceder a estos recursos por el congelamiento de las tarifas establecido en 2019 tras el estallido.

Estos montos se explican por dos factores: uno es la diferencia en facturación de energía y potencia, la que se produce entre la aplicación de los niveles de precios fijados en los contratos y el valor efectivo de estos al considerar indexaciones.

Las cifras han ido creciendo con fuerza en un escenario de tarifas congeladas, impidiendo reajustar gran parte de los contratos que se encuentran indexados al comportamiento del precio de combustibles como el gas o el carbón, cuyos valores se han llegado a triplicar en los últimos años.

A este cargo, en el último documento de la CNE se agrega otro, asociado a los retrasos en la publicación de los respectivos decretos tarifarios. Hay que recordar que el documento que se discute actualmente debía entrar en funcionamiento el 1 de enero de 2023.

La tardanza en la tramitación de los decretos que fijan los precios ha provocado que las generadoras dejen de percibir unos US$ 275 millones.

El problema, explican ejecutivos de la industria, es que estos montos no dejarán de subir al menos en los próximos dos semestres (segundo del 2023 y primero de 2024) lo que están exigiendo de manera importante las finanzas de algunas empresas del sector.

Por lo mismo, existe preocupación al interior del sistema eléctrico por lo que pueda suceder, y hay coincidencia en que las compañías cuentan con poco margen para poder incurrir en nuevos cargos, como ocurrió con la Ley PEC, que significó millonarios costos financieros que corrieron por cuenta de las generadoras.

Ante este nuevo desfase, en la industria adelantan una eventual salida para enfrentar la creciente deuda y alza de las tarifas podría consistir en aumentar los US$ 1.800 millones que se establecieron en el Mecanismo de Protección al Consumidor (MPC) posterior a la Ley PEC. Estos recursos se cubrirán con préstamos del BID, mientras que la Ley PEC (US$ 1.350 millones) fue con cargo a las generadoras.

“Se trata de la solución sencilla, más rápida, que en definitiva mete menos ruido y no afecta a la industria, cualquier otra es más compleja. Respecto a los subsidios, es algo que se viene pidiendo hace mucho tiempo, pero probablemente existan otras prioridades, y para eso se requiere una reforma tributaria que sabemos que está entrampada”, explicó un ejecutivo.

En ese sentido, desde la industria se prevé, siendo optimistas, que el decreto actual, que debía haber entrado en funcionamiento en enero de este año, podría estar listo en febrero de 2024. Aún resta que se genere un informe final por parte de la CNE, para que luego el Ministerio de Energía redacte el decreto, que posteriormente debe ser visado por Contraloría.

En una resolución de la CNE publicada en 2018 se establece que para efectos de cada fijación semestral “la Comisión comunicará al Ministerio y a las empresas eléctricas un informe técnico preliminar del cálculo de los precios de nudo promedio, a más tardar los días 1 de mayo y 1 de noviembre”.

Si bien desde hace años que los decretos salen con retrasos, la situación se vio agudizada con la implementación de la Ley PEC, promulgada en agosto de 2022.